Lo que para el Gobierno PSOE-CHA no es más que una modificación "estética y formal" supone, según el resto de la izquierda, un paso más hacia la liberalización total de horarios comerciales, una postura que comparten los pequeños empresarios del sector. La polémica se ha reavivado con la aprobación ayer en las Cortes de un cambio en la normativa aragonesa que la DGA defiende como una simple adaptación a la norma estatal que ya se aplica y que permite abrir los domingos y festivos a las franquicias de las grandes cadenas que tengan una superficie de exposición y venta al público inferior a 300 metros cuadrados. El Ejecutivo de Lambán tuvo que recurrir a los grupos de centro derecha para sacarla adelante, ya que sus socios de investidura de Podemos e IU se oponen a la medida.

La consejera de Economía, Marta Gastón, defendió que la modificación, por el procedimiento de lectura única ordinaria –que impide a los grupos presentar enmiendas–, era un mero trámite para adecuar la regulación autonómica a la estatal, que desde 2012 ya permite, explicó, que las franquicias objeto de la polémica abran domingos y festivos. Además, el cambio obliga a los establecimientos comerciales a exponer en un lugar visible desde el exterior los días y horas de apertura, incluso cuando el local esté cerrado. Gastón reiteró que la única intención es "buscar claridad jurídica y evitar cualquier posible confusión". Pidió que "nadie pretenda buscar nada más allá" porque "en ningún caso cambia el fondo", e instó a los detractores de la ley a proponer cambios en el Congreso.

Pero tanto Podemos como IU entienden que es "un mazazo al comercio de proximidad" que además el Ejecutivo "ha intentado traer por la puerta de atrás". El diputado de la formación morada Román Sierra criticó que la medida afectará a la conciliación de 6.000 trabajadores de estos establecimientos, además del impacto que sufrirá el pequeño comercio de textil y alimentación.

Sierra y Patricia Luquin, de IU, coincidieron en vincular el cambio normativo con el proyecto de ‘outlet’ de Torre Village en Zaragoza, además de censurar que "nadie lo ha pedido". "No hay demanda del sector ni de los sindicatos", señaló Luquin, que añadió que hasta 36 redes de franquicias y varias cadenas de supermercados podrían acogerse en Aragón a esta medida. Por ello, acusó al Gobierno de "apostar por que las condiciones laborales se sigan precarizando".

Un jarro de agua fría

La decisión cayó como un jarro de agua fría entre los comerciantes, donde también ven una puerta abierta a la plena liberalización. El presidente de la Federación de Empresarios de Comercio y Servicios de Zaragoza (Ecos), José Antonio Pueyo, recordó que este sector aglutina a 89.000 trabajadores en la Comunidad entre autónomos y asalariados, y criticó que se les dispense mejor trato "a las grandes firmas, que consiguen legislaciones más beneficiosas".

Además, pidió una especial "sensibilidad" con los comerciantes en un territorio, el aragonés, donde ofrecen "un servicio en pequeñas poblaciones que si deja de prestarse originará problemas a las administraciones públicas". En este sentido, Pueyo apeló a la "conciencia del consumidor", es decir, a la "obligación moral de consumir, en la medida de lo posible, productos de la tierra vendidos por empresarios de aquí". A su juicio, "los festivos, salvo productos muy concretos, no es imprescindible" realizar compras. Tampoco se olvidó de las afecciones en el ámbito laboral.

La postura de los sindicatos es igualmente contraria. David Martín, secretario de Acción Sindical de FSMC-UGT Aragón, recordó que la normativa autonómica "era totalmente legal", por lo que no hacía falta este cambio. Insistió en los "problemas de conciliación y de competencia desleal" en el pequeño comercio, y alertó de "posibles fraudes". "Las grandes distribuidoras priorizarán el modelo de franquicia", argumentó.

Desde la Federación de Servicios de CC. OO. Aragón, Gerardo Montori apuntó que será "muy perjudicial para los trabajadores". "Llevamos cinco años en esta situación y ninguna franquicia ha abierto en festivos", afirmó. "Nos preocupa el ataque al pequeño comercio –reconoció–, que tendrá una mayor competencia y se verá obligado a abrir todos los días". Los principales focos de atención son los supermercados, que sobre todo en el ámbito rural no superan los 300 metros, y el sector textil. "La modificación, por ejemplo, hará que el futuro ‘outlet’ de Pikolín pueda abrir los 365 días", dijo.

También ZEC se opone. "Para el pequeño comercio es una piedra más y una dificultad más para seguir adelante, pero para nosotros es otra motivación para apoyar al pequeño comercio", señaló la responsable municipal de Comercio, Arantza Gracia.