El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado este jueves que la ley de capitalidad convertirá a Zaragoza en el municipio con mayor capacidad de autogobierno de España y que "solo por eso" merece la pena el acuerdo alcanzado al respecto por el ejecutivo autonómico y el ayuntamiento de la ciudad.

Lambán ha comparecido este jueves en el Pleno de las Cortes, a petición del PP, para explicar las negociaciones llevadas a cabo por ambas instituciones en relación con la ley de capitalidad.

Durante su intervención ha precisado que la ley, amparada por lo que marca el Estatuto de Autonomía, "marca un antes y un después" en la histórica política de Aragón y ha insistido en que concede a la capital "el mayor rango de autogobierno de todas las ciudades de España", por encima incluso de Madrid o Barcelona.

Ha considerado "relevante" que en "estos tiempos de desencuentros" él mismo y el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, hayan llegado a un acuerdo que debería "sentar un precedente" y que contrasta con la "incapacidad genética" del PP de lograr pactos.

El "viejo esquema" de "Zaragoza contra Aragón" queda a su juicio "definitivamente arrumbado" con esta ley, que "favorece" las relaciones entre ambas instituciones y que reconoce a Zaragoza como motor cultural y económico de Aragón integrándola a su vez en el entramado institucional y político de la comunidad.

Respecto al contenido de la ley, ha recordado que fija "un suelo y no un techo" financiero para Zaragoza que será "paulatinamente mejorado" hasta que se apruebe la ley de participación de los municipios en los ingresos de la comunidad.

Según los presupuestos de Aragón para 2017, en tramitación en el parlamento, el Ayuntamiento de Zaragoza recibirá 23 millones de euros, frente a los "cero" que recibía cuando gobernaba el PP. "Eso con ustedes, que tenían mucho interés", le ha espetado Lambán a la portavoz del PP, Mar Vaquero, que ha sido la diputada que le ha interpelado.

Ésta, como la portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, le ha recordado que el documento propuesto por el anterior ayuntamiento, en diciembre de 2014, incluía un fondo de capitalidad de 50 millones de euros, una valoración de 101 millones por las competencias impropias y una aportación de la Diputación Provincial de Zaragoza no inferior al veinte por ciento de sus ingresos.

Por lo tanto, ha dicho Vaquero, lo pactado ahora presenta "claras deficiencias de financiación" y convierte a los zaragozanos en "ciudadanos de tercera" y a su ayuntamiento en "esclavo de una mala financiación y de un modelo ideológico de fracaso".

Lambán ha reconocido que se habla de 50 millones de euros de financiación "como cifra deseable" y que sigue aspirando a ello, cuando se aprueba la citada ley de participación en los ingresos autonómicos.

Vaquero le ha reprochado a Lambán que haya excluido de cualquier acuerdo al resto de grupos municipales y que haya puesto "una etiqueta con precio" a los zaragozanos, al considerar "sospechoso" que la firma del pacto entre Lambán y Santisteve haya coincidido con el "desatasco" de los presupuestos para 2017 de ambas instituciones.

El presidente aragonés ha replicado al PP que son los populares quienes han demostrado una "incapacidad manifiesta" de alcanzar acuerdos, quienes "no invirtieron nada" en Zaragoza y quienes, por ejemplo, no construyeron "ni un solo colegio" en la ciudad.

El diputado de Podemos Carlos Gamarra ha puesto en valor la actitud negociadora de Zaragoza en Común, con quien ha sido posible el acuerdo después del "rodillo" demostrado en la anterior legislatura por el PP y la incapacidad del PSOE de rubricarlo cuando los socialistas gobernaban en ambas instituciones a la vez.

Para Susana Gaspar, el acuerdo es un "cambio de cromos" que tenía como objetivo "salvar 'in extremis' la negociación de los presupuestos.

También ha reclamado que finalmente éste salga por unanimidad en las dos instituciones porque es "manifiestamente mejorable".

Por su parte, María Herrero, del PAR, también ha hecho hincapié en la necesidad del consenso y ha incidido en que la financiación de los municipios es competencia del estado, y "en ningún caso" puede atribuirse la responsabilidad a la comunidad, aunque ésta "pueda colaborar en determinadas cuestiones".