El Gobierno de Aragón espera enviar a las Cortes en el plazo de un mes la ley de capitalidad para su tramitación, tras el acuerdo alcanzado a comienzos de marzo entre el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Zaragoza. El Consejo de Gobierno ha tomado en consideración este martes el anteproyecto de ley, por el que el Consistorio recibirá inicialmente 21,5 millones anuales, 8 de fondo fijo y 13,5 por las competencias atribuidas, principalmente sociales.

El borrador también recoge la creación de un órgano bilateral que regirá las relaciones de coordinación y cooperación entre la DGA y el Consistorio, y en el que se dirimirán cuestiones como la deuda del tranvía que Zaragoza reclama al Ejecutivo autonómico.

Ahora el anteproyecto de ley será remitido a los distintos departamentos del Gobierno aragonés para que emitan los correspondientes informes y, según ha estimado el portavoz del Ejecutivo, Vicente Guillén, podría enviarse en un mes a las Cortes.

Pese a las críticas expresadas por la oposición, especialmente por las cantidades pactadas, Guillén ha mostrado su deseo de que la ley logre "el máximo consenso". "Hemos hecho un gran esfuerzo", ha señalado, al tiempo que ha recordado que la negociación entre los actuales responsables autonómicos y municipales ha permitido desatascar este asunto, pendiente desde hace dos décadas.

Extinción del Instituto Aragonés del Agua

Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha tomado conocimiento del anteproyecto de ley para extinguir el Instituto Aragonés del Agua e integran sus competencias en una dirección general dependiente del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad. Con este proceso, que el Ejecutivo confía en completar a lo largo de este año, se pretende, según ha explicado Vicente Guillén, lograr una gestión pública del agua "más transparente y eficaz y más controlada por los servicios de Intervención".