Plaza exige a ZEC en los tribunales que le devuelva un millón por el pago de plusvalías

La Plataforma Logística de Zaragoza SA (Plaza) ha emprendido una batalla legal contra el Ayuntamiento de Zaragoza con el objetivo de recuperar el millón de euros que le ha abonado en concepto de impuesto de plusvalías por las ventas de parcelas de los dos últimos años. La sociedad pública, participada únicamente por la DGA, ha presentando una batería de recursos por la vía de lo contencioso-administrativo ante la reiterada negativa del Consistorio, a cuyo frente está Zaragoza en Común (ZEC), a devolver el dinero.

Plaza ha intentado sin éxito que la Agencia Municipal Tributaria asumiera sus alegaciones, basadas en algo tan sencillo como que no hubo un incremento de valor de los terrenos industriales que vendió a lo largo de 2015 y 2016, fundamentalmente al empresario catalán José Llorens por unas sumas millonarias. En sus sucesivos recursos de reposición, defendió que no se llegaron a generar plusvalías con las compraventas y, por tanto, no le correspondía pagar el impuesto.

El conflicto comenzó el pasado mes de septiembre, cuando se notificaron las primeras veinte resoluciones en las que se denegaban las solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones de Plaza, correspondientes a 2015.

En otoño, el consejo de administración de Plaza autorizó emprender acciones legales y se acudió a los tribunales. Su decisión no amilanó al Ayuntamiento, que mantuvo su mismo criterio y siguió denegando la devolución de las autoliquidaciones por las ventas de 2016.

La justificación municipal siguió invariable en todos los expedientes: la determinación de la base imponible debe ser el valor catastral, desvinculándose del precio de mercado y sus oscilaciones, "con la finalidad de dotarla de objetividad".

Aval de los servicios jurídicos

En enero, la sociedad pública amplió la reclamación judicial a más de medio de millón de euros y hace solo unos días, el consejo de administración de Plaza autorizó de nuevo acudir a los tribunales para exigir la devolución de otros 457.000. De este modo, la cifra en litigio ya es millonaria. Todas las autoliquidaciones de plusvalías de 2015 están en los tribunales, al igual que otras tres de 2016 y el resto correrán la misma suerte en los próximos días.

La decisión cuenta con el aval de los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, que ya han informado hasta en tres ocasiones al consejo de administración sobre la abundante jurisprudencia surgida durante los últimos años al respecto del impuesto de plusvalías. "Mantiene como criterio uniforme la necesidad de que se produzca el hecho imponible –esto es, el incremento del valor del terreno– para que nazca la obligación tributaria, sin el cual la Administración no puede exigir el pago del impuesto", sostiene en su informe.

La Plataforma Logística sostiene que, en realidad, ha habido una minusvalía del valor de los terrenos por la depreciación del mercado, por lo que ni siquiera hay base imponible sobre la que sostener el cobro del impuesto.

El informe de los servicios jurídicos de la DGA incide en que "no es admisible" la aplicación de forma "automática e indiscriminada" del tributo, tal y como sostiene el Ayuntamiento de Zaragoza, a todas las operaciones de transmisión de terrenos urbanos. "Esta interpretación municipal conduce a una conclusión contraria al régimen legal del tributo", añade.

Acumulación de sentencias

El gobierno municipal de ZEC acumula una retahíla de sentencias condenatorias por pleitos interpuestos por particulares que guardan similares circunstancias a los de Plaza. Como informó este diario hace un mes y medio, en poco más de un año (desde comienzos de 2016 hasta febrero de 2017) han sido 21 las sentencias firmes desfavorables a los intereses municipales, que han supuesto que el Consistorio tenga que devolver 156.696 euros a los contribuyentes que reclamaban, con razón, que no tenían que pagar el recibo.

Según cuentan algunos de los damnificados, cuando se han presentado en las dependencias municipales para reclamar, los funcionarios recuerdan que deben pagar y luego, si lo consideran oportuno, reclamarlo en los tribunales con los costes que conlleva. De lo contrario, se exponen a una multa y a que el Ayuntamiento les cobre intereses por la demora en el pago del tributo.