"Hemos acabado fríos, rotos. La propuesta es drástica y en el momento en el que la conoces, te deja noqueado". Así recibió ayer Carlos Martín, secretario general de FSIE en Zaragoza, la noticia de la reducción de 13 conciertos en la provincia. Una medida que les preocupa para el próximo proceso de escolarización, pero también para el futuro: la revisión de conciertos se produce para los próximos cuatro años, por lo que en este tiempo no podrán recuperar esa clase que ahora ven peligrar.

El mal sabor de boca se extendió por todos los centros que, ya de forma oficial, pierden una clase de 1º de infantil desde el próximo curso. Francisco Oñate, director de Lasalle Montemolín, lo expresaba así: "Este curso ofrecemos 66 plazas y en los últimos años hemos tenido una demanda superior. Si para el próximo curso nos obligan a ofertar 44, es obvio que se recorta la libertad de elección de las familias". Oñate anunció que tomarán "las medidas legales oportunas" ante lo que consideran una decisión "arbitraria, sin ningún tipo de criterio objetivo y que responde a un acuerdo político que luego se intenta revestir de razón".

El mismo razonamiento siguió Elena de Salas, directora de Teresiano del Pilar, quién lamentó que la no renovación de conciertos afectara a más centros de los anunciados hace unas semanas y que se dolió asimismo de que el Gobierno justifique el recorte en su caso porque sus alumnos viven a más de un kilómetro, "porque no es un requisito para dar un concierto, sino para dar más o menos puntuación a los solicitantes".

Más amargos aún se encontraron los responsables de Santa María de la Esperanza (en Pina) y del San Gabriel de Zuera, ya que, con solo una clase por curso, quitarles el concierto de 1º pone en serias dificultades su mantenimiento. El titular del primero, Javier Fernández, informó que el año pasado ya les quitaron un concierto, por lo que calificó de «persecución clara» y «búsqueda de ir cerrando nuestros colegios poco a poco» la acción gubernamental. Fernández también se refirió a que lucharán contra esta medida en los juzgados, algo que no descartan tampoco en Zuera.

La responsable de gestión del centro, Sofía Temprado, contó que esta escuela, que imparte la metodología Flipped Classroom, es un referente en Madrid y ha hecho que se duplique su alumnado en seis años, por lo que cree que el Gobierno de Aragón demuestra "cierta inquina". Además, señala su apuesta por potenciar el futuro agrícola que, según señaló, "es un asunto que preocupa al señor Lambán". Temprado también se refirió al colegio La Anunciata de Zaragoza, otro de los perjudicados, del que destacó que la mitad de su alumnado es inmigrante y que trabaja también con su entorno social.

Todos estos centros pedían que fuera la demanda de las familias la que determinara el cierre de aulas en la concertada. Y, ayer, esta petición recibió el apoyo expreso del Justicia de Aragón, que tras estudiar las más de 20 quejas recibidas en su institución en este sentido, emitió ayer una sugerencia al Departamento de Educación para que ajuste la oferta educativa teniendo en cuenta las solicitudes de las familias, ofertando las mismas aulas que el pasado año en el próximo proceso de escolarización. Fernando García Vicente se apoyó en jurisprudencia de recientes casos del Tribunal Supremo, que consideraron que el descenso demográfico no era un criterio para privar a un centro privado de un concierto. También pidió el Justicia que cualquier cambio en la programación educativa se realice "desde el diálogo y el entendimiento de todos los afectado, con el fin de evitar su judicialización".

Por otra parte, Fapar acogió ayer con satisfacción "la racionalización de la oferta educativa de plazas para 3 años en Zaragoza" y la reducción de ratios en esas clases. Entre las nuevas medidas previstas para la escolarización del curso 2017-2018, resaltó especialmente que se pongan ya en marcha tres aulas puente del futuro cuarto colegio de Valdespartera que, según avanzó, se ubicarán en el colegio Recarte y Ornat hasta que se abra. También UGT se felicitó por la recuperación de unidades en la pública (aunque expresó su "rechazo" por la pérdida en la concertada), mientras CGT consideró insuficiente la reducción de financiación pública para 13 vías de la privada.