El impulso dado por el Gobierno de Aragón a la dependencia ha supuesto una bocanada de aire para uno de los sistemas peor valorados de todo el país. Al menos, así se desprende del XVII dictamen del Observatorio de la Dependencia, que cada año elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Por primera vez, este documento señala que Aragón es una de las Comunidades donde más ha avanzado el sistema, mostrando números positivos en todas sus dimensiones. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para abandonar la parte baja de la tabla: es la segunda comunidad peor valorada, solo por detrás de Canarias.

El hecho más destacado por esta organización y también por el propio departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón es el incremento de 3.210 beneficiarios en el último año, lo que supone un 18% más. Una tendencia que, según confirmó la consejera, se mantiene en enero de 2017, cuando se han registrado unas 540 personas más en el sistema. “Este aumento de personas atendidas ha tenido una repercusión directa en el número de solicitudes. En los últimos años, las noticias que les llegaban a las familias es que el sistema estaba paralizado, que no entraba nadie y que muchos morían esperando que les valoraran o que les dieran una ayuda (de servicios o económica), por lo que el número de personas que intentaban entrar en la dependencia se fue reduciendo”, detalla Gustavo García, miembro del Observatorio para la Dependencia en Aragón. 

Esta situación se ha invertido este año. Mientras que en 2012 había 48.065 solicitudes, estas fueron descendiendo hasta las 43.000 que se registraron en 2014 y 2015. Ahora, según los datos del 31 de diciembre de 2016, la cifra ha subido hasta los 44.970, 1.829 solicitudes más que un año atrás. La misma tendencia ha vivido el volumen de valorados en Aragón. Durante los años posteriores a 2011, cuando se alcanzó el máximo uso del sistema, cada vez se valoraban a menos personas hasta que este año, este número ha vuelto ha crecer, pasando de los 39.011 del 31 de diciembre de 2015 a los 40.311 del mismo periodo de 2016, lo que supone 1.300 personas más.

Los más de 3.000 nuevos dependientes con prestación han provocado un aumento directo en los puestos de trabajo que genera esta ley. En concreto, según los datos facilitados por la asociación, en 2016 se registraron alrededor de 3.600 puestos de trabajo directos, unos 300 más que un año antes y la cifra más alta desde la puesta en marcha de esta legislación, hace una década. Esto se produce porque en este año ha aumentado un 27% los servicios ofrecidos a dependientes, mientras que las prestaciones económicas han crecido solo un 9,35%.

“A pesar de todos estos buenos datos, todavía hay muchas personas pendientes de prestación”, lamenta García. Asimismo detalla que, aproximadamente, se están cumpliendo los plazos ofrecidos por el Gobierno de Aragón: “Se prometió que la lista de espera desaparecería a lo largo de la legislatura y, siguiendo el ritmo de este año, es posible que se consiga. Pero aún así, todavía hay gente que lleva años esperando”. De hecho, según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, a 31 de diciembre de 2016 todavía había 12.547 personas en el “Limbo de la Dependencia”, lo que supone más de una tercera parte de los aragoneses que tienen reconocida su situación. De hecho, en España, unas 90 personas dependientes mueren al día sin haber recibido la ayuda a la que tenían derecho.

El Estado solo paga el 19,5% de las ayudas

El gasto público medio que se invierte en cada dependiente aragonés es de 6.219 euros, una cifra que se ha mantenido casi invariable desde que en 2010 se redujo a 5.958 euros. Desde entonces ha estado rondado entre los 6.000 y los 6.400 euros. Este importe está costeado casi en exclusiva por el Gobierno de Aragón, que aporta más de un 65% del gasto total neto del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD). El 35% se reparte de la siguiente forma: un 15.3% de copago y un 19,5% por el Gobierno central. De esta manera se alcanzan los 160,5 millones de euros, que es el coste global del SAAD en Aragón, según la estimación realizada por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Esta agrupación critica que la comunidad haya recibido casi 83 millones menos de los que debía por la supresión en 2012 del nivel acordado en el momento en el que se creó la ley. “Al mismo tiempo, se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que percibían las personas con cuidados familiares por importe equivalente al 15%. Esto habría una supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 28,77 millones de euros”, puntualizan.

De hecho, ponen como ejemplo que los casi 17,6 millones que habría recibido Aragón por parte del Estado (sino se hubiera aprobado el Real Decreto de 2012) en 2016, hubieran supuesto que 2.800 personas hubieran sido atendidas (de este modo, la lista de espera estaría solo en 10.000) y se crearan 450 empleos directos en el Sistema.