El exalcalde de Mallén, Antonio Asín (PSOE), y el exsecretario de la sociedad urbanística municipal de la localidad, Pedro Rueda, serán finalmente juzgados en la Audiencia Provincial de Zaragoza por un presunto delito de falsedad. Ambos se iban a sentar ayer en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 3 para responder por la supuesta falsificación de las actas de las juntas de la sociedad urbanística en las que se aprobaron las cuentas de los años 2007 a 2011. Sin embargo, una cuestión de competencia debido a la calificación del delito que hace la acusación particular, ejercida por el abogado José María Viladés en nombre de dos concejales del PP de Mallén, hizo que la juez se inhibiera a favor de la Audiencia.

Según las acusaciones, Asín y Rueda emitieron unas certificaciones de las mencionadas juntas en las que reflejaron situaciones distintas a las que realmente se dieron. En concreto, aseguraron que las cuentas de esos años se aprobaron por unanimidad cuando, según los concejales Marta Pardo y Jaime Beltrán (PP), en algunas no llegaron a ser convocados y, por lo tanto, no votaron; en otra se abstuvieron y en otra las cuentas no se llegaron a formular. A pesar de ello, todas fueron inscritas en el Registro Mercantil como aprobadas de forma unánime.

Por estos hechos, el fiscal solicita para cada uno de ellos una pena de dos años de prisión por un delito continuado de falsedad documental mercantil cometido por particulares. Sin embargo, la acusación particular, además de atribuirles cinco delitos de falsedad y solicitar 15 años de cárcel para cada uno de los encausados, entiende que actuaron en condición de funcionarios públicos. Esta circunstancia agrava la pena (el código fija un castigo de tres a seis años de cárcel) y, como los delitos penados con más de cinco años son competencia de las audiencias provinciales, la juez decidió inhibirse.

La decisión fue considerada "correcta" por el abogado de la defensa, Enrique Trebolle. "Se ha suscitado una cuestión de competencia porque el abogado de la acusación sigue insistiendo en que cuando actuaron mis clientes lo hicieron en condición de funcionarios públicos, algo de lo que yo discrepo", manifestó. El abogado indicó que, con independencia de que entre o no al fondo del asunto, la Audiencia de Zaragoza puede rechazar su propia competencia y devolver la causa al Juzgado de lo Penal, que tendría que juzgarla. En cuanto a la acusación en sí, Trebolle negó que Asín y Rueda hayan cometido un delito y pide para ellos la absolución. "Se trata de errores y malentendidos sin intencionalidad de orden penal", aseguró.

Por su parte, Viladés recordó que la sociedad urbanística de Mallén está en "quiebra". "Tiene deudas superiores a los tres millones y tenían que haber planteado un concurso de acreedores hace tiempo o liquidarla", señaló. Asín fue condenado en 2014 a 7 años de inhabilitación por autorizar el pago de dos facturas por importe de 35.554 euros sin mediar expediente de contratación.