Cincuenta entidades rechazan los conciertos donde haya suficientes aulas públicas

Medio centenar de entidades  participado en una manifestación en Zaragoza para pedir a la administración autonómica que no renueve los conciertos educativos con los colegios privados allí donde existan suficientes aulas públicas como para responder a la demanda.

El objetivo es trasladar al Gobierno de Aragón la idea de que no deben asumirse compromisos con el sector privado allá donde el público pueda satisfacer el derecho a la educación, lo que supondría, según ha dicho a los medios Alfonso Alegre, de CGT, no renovar los conciertos para 50 aulas de Primero de Educación Infantil en Aragón (41 de ellas en Zaragoza).

En enero hay que renovar estos conciertos por otros seis años y es el momento de decidir que los recursos públicos vayan a la escuela pública.

Las aulas de las que se habla, ha agregado Alegre, son "redundantes", con cuyo cierre la administración se podría ahorrar cinco millones de euros al año sólo en la capital aragonesa, dinero que equivale a 5.000 becas de comedor, 15.000 ordenadores o 200.000 libros.

Aulas todas ellas, además, de Primero de Infantil, puesto que en ningún momento se plantea que niños ya escolarizados en la concertada tengan que cambiar de colegio.

"La educación puede mejorar mucho si gastamos eficientemente y en tiempos de crisis no solo es una necesidad sino una obligación", ha enfatizado Alegre, quien también ha vaticinado que el Departamento de Educación decidirá no renovar los conciertos innecesarios, entre otras cosas porque dos de las entidades convocantes, PSOE y CHA, son los partidos que sustentan al gobierno.

De hecho, en la manifestación estaba presente la portavoz de Educación del PSOE en las Cortes, Margarita Périz, quien ha precisado que su partido pretende "racionalizar" la situación después de realizar un estudio "con rigor" y que atienda a las leyes vigentes.

Pero ha advertido de que lo que no va a hacer el departamento es "lo que algunos piden, con todo su derecho", que es "maximizar" los cierres, y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la concertada y a sus trabajadores, cuyos derechos, como ciudadanos de Aragón, también quieren defender.

En este sentido, considera que las 41 aulas que CGT dice que sobran en Zaragoza, aunque se estudiará esta cifra, no es adecuada y no se podrá llegar a ella.

Otras de las entidades convocantes son los sindicatos UGT y también  CSIF, cuyo presidente en el área de Educación, Alfonso Zafra, ha insistido en que la concertada "nació y tiene que seguir existiendo como subsidiaria de la pública".

Respecto a las situación en la que quedarían los profesores de las aulas que se cierren, ha reconocido que unos colectivos se beneficiarían más que otros con este cierre y ha recomendado a los maestros de la concertada que "opositen, entren en listas y tengan un trabajo en la pública".

Por parte de CC.OO, José Luis Cimorra ha pedido a la administración educativa que "revise muy bien" las zonas porque "seguramente" hay algunas en las que no se necesitan aulas concertadas.

Pero ha reconocido que el sindicato ve el problema como algo "más global", en tanto en cuanto en las aulas que se pueden ver afectadas trabajan profesores con los que "tendrá que abrirse una negociación" y a quienes se debería ofrecer un plan de empleo para buscarles una salida digna.