Se halla el personal un tanto descolocado con el último informe educativo PISA, que coloca a España en la media de países de la OCDE. Lluvia de aplausos para algunos, magníficos resultados para otros, discretos para unos terceros y preocupantes para no pocos. ¿Son buenos o son discretos? Más bien lo segundo, si se realiza un análisis más detallado. Llama la atención la diferencia entre comunidades autónomas, donde Aragón se halla en el grupo de cabeza. Y ahí reside, quizá, la clave del problema: ya sabíamos que los alumnos finlandeses muestran mayores competencias que los españoles, pero resultan insostenibles las sensibles diferencias entre las comunidades autónomas. Con la educación como arma política durante décadas, España sigue sin encontrar un rumbo definido que reduzca los desniveles entre centros públicos y concertados o privados –que sí existen en determinadas zonas–, una planificación más profunda que atienda las necesidades de los profesores y a su necesaria formación continua, y una atención hacia el conocimiento y los valores basados en la atención individualizada del alumno. Con una buena ley sería suficiente. Y no hay manera.