La prórroga del presupuesto de la DGA deja en el aire 115 millones de gasto social

Con toda seguridad, Aragón comenzará 2017 con sus presupuestos prorrogados, pero la cuestión es durante cuánto tiempo se prolongará esta situación. Si el Gobierno PSOE-CHA no logra los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante su proyecto, que prevé presentar antes de Navidad, las afecciones serían diversas y cuantiosas. Solo en áreas englobadas en gasto social, podrían quedar en el aire unos 115 millones de euros.

Sin unas cuentas nuevas, la Administración autonómica solo podría afrontar las nóminas, el gasto corriente, los contratos ya en vigor y los intereses y amortizaciones de deuda. No habría cabida para inversiones e incluso podrían retrasarse algunos proyectos plurianuales, en función de su estado de tramitación.

El Departamento de Educación sería el más afectado por el bloqueo presupuestario, con casi 50 millones en suspenso. El mayor agujero estaría en la enseñanza concertada, que se infradotó este año en 23,7 millones de los 160 necesarios, lo que obligó al Gobierno a aliarse hace unas semanas con PP, PAR y Ciudadanos para sacar adelante una ley que permitiera afrontar estos gastos.

Pero sin presupuestos, el Ejecutivo tampoco podrá dar a la enseñanza pública el impulso que pretendía con la construcción de diversas infraestructuras largamente demandadas. La DGA prevé invertir en 2017 casi 12 millones en las obras de los centros integrados (infantil, primaria, ESO y bachillerato) de Arcosur, Parque Venecia y Valdespartera 3, en los barrios en expansión del sur de Zaragoza. Tampoco se podría ejecutar sin dar luz verde a las cuentas de la DGA la segunda fase del IES de La Puebla de Alfindén.

El verano de los interinos

No solo las familias sufrirían la falta de acuerdo, también parte del profesorado. Como ya advirtió esta semana en las Cortes el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, los interinos verían peligrar su sueldo en verano. Educación decidió volver a pagarles julio y agosto una vez aprobados los presupuestos de 2016, por lo que los 13 millones necesarios no estaban consignados.

Y en la Universidad de Zaragoza quedaría en el aire la redacción del proyecto para la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras, valorado en 450.000 euros.

Sanidad también vería fuertemente condicionados sus planes, que pasan por invertir 28 millones en infraestructuras y aparatos. El caso más grave es el del nuevo hospital de Alcañiz, que difícilmente se podrá adjudicar antes del 31 de diciembre. Haría falta una partida de 11,1 millones para comenzar las obras, que tienen un coste total de 89 millones.

Además, el Ejecutivo pretende comenzar a levantar los centros de salud de Los Olivos (Huesca), Broto, Binéfar y Zuera, así como iniciar la reforma o ampliación de los de Barbastro, Castejón de Sos, Valderrobres, Borja y Casetas. Y se quiere destinar una importante partida a la adquisición de alta tecnología. Solo comprar dos aceleradores lineales costará 3 millones, y otro tanto un TAC.

También está pendiente la aplicación del nuevo plan de salud mental y el de atención a pacientes crónicos o pluripatológicos, para los que no se podrá contratar más personal ni recursos si no se consignan nuevos fondos.

Otra incógnita es qué sucederá con la ley de renta básica, que acumula un importante retraso en su tramitación en las Cortes. Una vez aprobada, habrá un periodo de transición de seis meses para pasar del actual Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) a la nueva renta básica, que, según la DGA, costaría 90 millones anuales. En 2016 no se presupuestó al no estar aprobada, y además, ha habido que suplementar con más de 10 millones la partida de 37 millones para el IAI, al aumentar el número de perceptores y el importe.

El impacto de la falta de presupuesto en servicios sociales sería de 18 millones sin contar la renta básica, según la DGA. Por un lado, no se podrían aumentar las prestaciones de la dependencia ni mejorar la financiación de los servicios sociales comarcales y del Ayuntamiento de Zaragoza. También los discapacitados se verían afectados. El Ejecutivo alerta de que volvería a haber lista de espera al verse comprometidos los programas de apoyo.

Los pagos para paliar la pobreza energética, que se acaban de regular por ley, quedarían igualmente en cuestión, al no haber partida para aplicarla. Este año ya se han asumido las facturas de familias desfavorecidas a través de ayudas de urgente necesidad, pero esa partida tampoco se podría incrementar. Y tanto en servicios sociales como en sanidad se dejaría notar la caída de las subvenciones, puesto que las que se conceden con recursos propios de la Comunidad para un solo año no podrían ni siquiera convocarse.

Fondos para el alquiler

Las políticas sociales de vivienda son otro de los puntos críticos. La bolsa de alquiler social de la que actualmente se benefician unas 300 familias se lleva 3,5 millones de euros y no se podría ampliar. Igualmente peligran los 1,5 millones de la DGA que complementan los fondos estatales para ayudas a inquilinos. Sin salir del Departamento de Vertebración del Territorio, el bloqueo presupuestario impediría acometer nuevas obras en carreteras y pondría en jaque las subvenciones para la gratuidad de peajes, infraestructuras turísticas y líneas de autobús deficitarias.

Los problemas de financiación que han sufrido este año las comarcas amenazan con agudizarse si el Ejecutivo no mejora en 2017 su dotación tras el tijeretazo que ha obligado ya a aportar sobre la marcha más de 13 millones, con la condición de destinarlos a gasto social. Algunos presidentes y el propio consejero de Hacienda han llamado ya la atención sobre las afecciones de este modelo, que crea dificultades para cubrir los gastos ordinarios de funcionamiento. Aun así, según el PP y el PAR, todavía faltan 10 millones para igualar los 72 consignados en 2015, de los que Lambán retuvo 8,8. Algo similar ha ocurrido con la justicia gratuita, que se recortó y ha habido que ir dotando con 2,1 millones durante el año.

Igualmente queda en el aire la ley de capitalidad. Este año se creó por exigencia de Podemos un fondo ampliable con 500.000 euros para que la norma tuviera una mínima dotación al entrar en vigor, pero el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza ni siquiera la han acabado de pactar. En todo caso, se habla de aportar al menos 5 millones anuales.

Mientras, los más de 50.000 empleados públicos de la DGA verían esfumarse la posibilidad de recuperar el 50% pendiente de la extra de 2012 que se suprimió. Supondría 35 millones de euros.