La izquierda dinamita su acuerdo en un mes y el PSOE acaba por recurrir al centroderecha
Los socialistas se alían con PP, PAR y Cs para pagar la concertada entre críticas de Podemos e IU. Lambán aparca la comisión que pide Echenique para exigir responsabilidades por el caso Sarga.
Solo diez días después de que la izquierda evidenciara su división en el debate sobre el estado de Aragón, los socios de gobierno, PSOE y CHA, y sus aliados en las Cortes, Podemos e IU, acabaron de dinamitar el acuerdo que habían firmado hace apenas un mes. Todos ellos se cruzaron acusaciones y reproches a cuenta de la aprobación de una partida extra para la educación concertada y del caso Sarga, mientras el resto de partidos criticaron la escena vivida en el pleno.
La situación llegó al punto de que los socialistas tuvieron que sacar adelante el proyecto de ley para cubrir la infradotación de la partida para la enseñanza concertada, 23,7 de los 160 millones de euros necesarios, con el apoyo del PP, PAR y Ciudadanos. Una hora después, el líder de Podemos-Aragón, Pablo Echenique, acusó a la DGA de "inacción" en el caso Sarga y planteó una comisión de investigación, que el presidente, Javier Lambán, descartó mientras no avance la instrucción judicial sobre las presuntas irregularidades en la empresa pública.
La escenificación de la ruptura se produce a tan solo tres días de que el Comité Federal del PSOE oficialice, previsiblemente, su abstención ante la investidura de Mariano Rajoy. Si esta decisión se consuma, habrá "consecuencias políticas"en Aragón, según viene repitiendo el líder autonómico de Podemos, Pablo Echenique.
El primer rifirrafe se vivió nada más empezar el pleno, cuando el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, pidió en vano a la izquierda que respaldara el suplemento de crédito para pagar las nóminas de los trabajadores de la concertada y evitar así "un conflicto social". Para ello, apeló a que se aumentaba el gasto social educativo y a la defensa del "cumplimiento de la ley y de las familias, trabajadores y empresas". Remarcó que no se limitaba ninguna posibilidad de gasto real porque el dinero se detraía de partidas que no se pueden ejecutar, en la línea de lo dicho por el diputado socialista Alfredo Sancho.
Ni siquiera convenció a sus socios de CHA. Su portavoz, Gregorio Briz, optó por la abstención, que justificó con un doble argumento: "por responsabilidad"no podía votar en contra porque los conciertos son legales y se deben pagar, pero son partidarios de su "progresiva"eliminación por "responsabilidad ideológica".
El que no tuvo ningún tipo de contemplación para justificar su rechazo fue el diputado de Podemos Héctor Vicente, quien acusó al consejero de actuar con una "hipocresía enorme"al incluir partidas en los presupuestos que sabía que no iba a ejecutar "solo para quedar bien y destinarlas luego a pagar la concertada". La diputada de IU Patricia Luquin también votó en contra por "coherencia ideológica y en defensa de la educación pública".
El resto de partidos que respaldaron la financiación de la concertada no le dejaron de recriminar a Lambán que tengan que salir ahora en su rescate ante la actitud "sectaria"de sus "pseudosocios", en referencia a Podemos. Antonio Suárez (PP) subrayó que los niños y jóvenes "no merecen el trato que se les da", María Herrero (PAR) criticó también a la formación morada por "querer jugar a estar en la oposición"cuando es "cómplice de todo lo que hace el Gobierno", mientras Javier Martínez (Cs) recordó que ya advirtieron de la insuficiencia presupuestaria que ha generado la división de la izquierda. Igualmente, reprochó a Podemos que cuestione ahora unos presupuestos que aprobó.La DGA se personará en Sarga
El segundo encontronazo de la jornada entre socialistas y podemistas surgió en la comparencia del presidente solicitada por estos últimos para pedir explicaciones sobre las presuntas irregularidades en la empresa pública Sarga, que investiga un juzgado de Zaragoza. Pablo Echenique acusó al Ejecutivo PSOE-CHA de "inacción" al asegurar que "arrastra los pies y mira hacia otro lado", tras referirse a la "historia no oficial" y sembrar dudas sobre su gestión y las colocaciones a dedo. Echenique afirmó que cuando avance la causa exigirán una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas y reclamó también una auditoría externa de la compañía y que la Cámara de Cuentas fiscalice su actividad en los años anteriores a 2015, ejercicio ya en revisión.
Javier Lambán aprovechó para anunciar que la DGA se personará en el caso abierto por el presunto pago de más de 8.200 euros en dietas ilegales, aunque matizó que no está decidido si será como perjudicado o como acusación. Destacó que fue la nueva dirección de Sarga la que detectó el fraude y despidió a sus responsables, y se mostró "orgulloso" de las medidas adoptadas para "enderezar su rumbo". No consideró "razonable"crear una comisión hasta que la Justicia se haya pronunciado.
