Gestión pública: el objetivo de unas cuentas sostenibles

Con más de mil millones de euros en deuda y una inversión en mínimos históricos, el Ayuntamiento de Zaragoza sigue lejos todavía de salir del atolladero que provocó la crisis económica y los excesos y deficiencias en su gestión. Por eso el futuro se dibuja bajo el prisma irrenunciable de la mejora de la financiación local con el objetivo de que las cuentas, y por lo tanto los servicios públicos, sean sostenibles en el tiempo y se alejen de la amenaza de los recortes cíclicos.

No todas las causas del problema se encuentran en Zaragoza. Por ejemplo, no hay visos de solución a la cuestión de la financiación local, a la espera desde la configuración de la arquitectura institucional en la Transición. El Estado, más pendiente del peso político de las comunidades autónomas y sus problemas de financiación, no ha terminado de atender este asunto. Y la DGA, da igual qué partido asuma el gobierno, suele dejar de lado la capital frente a sus intereses en el territorio, sabedor de que el Ayuntamiento cubriría el expediente.

Solo las líneas de crédito que ha habilitado en los últimos años el Ministerio de Hacienda para pagar a proveedores o sentencias judiciales, y que han supuesto inyecciones millonarias para el Ayuntamiento de Zaragoza, han roto la tradicional desatención.

Los ayuntamientos, el de la capital aragonesa también, han ido acumulando competencias que otras administraciones no acababan de ejercer sin la correspondiente financiación. Y eso ha engordado los capítulos de gasto corriente y personal hasta superar los límites de lo razonable.

Por eso, en ese camino de unas cuentas sostenibles figura la ley de capitalidad, una vieja deuda de la DGA con el Ayuntamiento y que debe fijar un marco de financiación de esas competencias impropias, así como de los costes que asume solo por ser la capital de Aragón.

La ley debería haber entrado en las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria en septiembre, pero sigue pendiente de negociación. El Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA ni siquiera han podido concretar una reunión del alcalde, Pedro Santisteve, y el presidente autonómico, Javier Lambán, para salvar algunos de los escollos pendientes, especialmente el financiero.

Pero no solo los factores externos han debilitado la situación económica municipal. El acelerado proceso de endeudamiento y descontrol de gasto que se produjo con motivo de la Expo 2008, combinado con un desplome de los ingresos por la crisis económica, han sido una de las causas de los problemas de la actualidad y que todavía están por resolver. El hecho de que el gobierno de Santisteve esté en minoría y con serias dificultades para llegar a acuerdos con el resto de los partidos no facilita las cosas, así como amenazas futuras como las sentencias judiciales adversas o deudas multimillonarias como las de Zaragoza Alta Velocidad (ZAV).

El trabajo de control del gasto de los últimos años y mejora de la gestión, bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, y la recuperación económica abren un horizonte optimista, al que se suman los proyectos empresariales y urbanísticos que empiezan a planear por la capital aragonesa. Solo las resistencias del gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) a facilitar este tipo de planes de inversión se vislumbra como amenaza a corto plazo.

Análisis DAFO

Debilidades: la falta de una ley de capitalidad y un sistema de financiación insuficiente ante el gran volumen de competencias que gestiona la ciudad.

Amenazas: la confrontación política entre los partidos y los contratiempos económicos que se esperan, como sentencias o la deuda de ZAV.

Fortalezas: la labor de contención económica de los últimos años empieza a preparar las cuentas para un futuro aumento del gasto y la inversión.

Oportunidades: el interés del sector privado en volver a invertir en la ciudad, pese a las dificultades por la falta de apoyo del gobierno municipal.

Los expertos opinan

José María Gimeno (Catedrático de Derecho Administrativo): "Hay que mirar lejos y pensar no solo en la sostenibilidad financiera, sino también en la social, la ambiental y en la innovación. En ese reto de modernización, una gran herramienta es la profesionalización de la gestión pública".

Antonio Laguarta (Presidente de la Cámara de cuentas de Aragón): "Urge redefinir las funciones y competencias que van a asumir la DGA, las diputaciones, las comarcas y los ayuntamientos. Hay solapamientos y falta de financiación de los servicios que son impropios de los municipios".