El Pleno de las Cortes de Aragón ha tomado este jueves en consideración una proposición de ley presentada por Podemos que pretende regular las cuentas abiertas y que obligará a todas las administraciones a hacer públicas las cuentas bancarias de las que sean titulares, su saldo y todos sus movimientos.

Podemos, en un "nuevo paso hacia la transparencia", según ha dicho su portavoz, Maru Díaz, ha precisado que su proposición de ley quiere incluir "nuevas formas de acceso" a la información pública, puesto que en la era de la banca electrónica y la banda ancha "no parece lógico" que haya "tantas trabas y burocracia" en el acceso a esta información bancaria.

La proposición de ley ha contado con el apoyo de PSOE, Podemos, Ciudadanos y Grupo Mixto (CHA e IU), con el rechazo del PP y la abstención del PAR.

La obligatoriedad de publicar todos los movimientos bancarios de sus cuentas afectaría, según el texto de la proposición -que inicia de esta forma su trámite parlamentario en ponencia, para la presentación e inclusión de enmiendas- a toda la administración autonómica (incluidas sociedades, empresas públicas, corporaciones, consorcios y fundaciones), a todas las instituciones de la administración local, a la Universidad de Zaragoza, a las Cortes, el Justicia, el CESA, el Consejo Consultivo y la Cámara de Cuentas.

Díaz ha defendido con vehemencia la proposición. A su juicio, es "imposible pensar" que los diputados de las Cortes no se hayan dado cuenta hasta ahora de que "la opacidad de las cuentas es perniciosa para la democracia", y ha hecho referencia a la aparición del líder del PP, Mariano Rajoy, en los 'papeles de Bárcenas' para asegurar que ante estas "mordidas" es cuando se entiende que este tipo de iniciativas "no se hayan tramitado antes".

Dedicar dinero a la transparencia, ha dicho, es "invertir, no gastar", porque es un "derecho de la ciudadanía" conocer el destino de cada euro de dinero público.

Los portavoces de los grupos de la derecha, con distintas posturas a la hora de votar, han coincidido no obstante en afear la intervención de Díaz.

La popular Yolanda Vallés ha recordado que existe una ley de transparencia cuyo cumplimiento Podemos debería haber exigido al gobierno aragonés antes de presentar esta iniciativa, puesto que de cumplirse, ya se publicarían todos los saldos, contratos, pagos, subvenciones y subsidios que se ejecutan mensualmente.

Ha explicado que la ley afectaría a 4.000 cuentas bancarias y más de dos millones de movimientos trimestrales, al tiempo que ha dudado del encaje jurídico de su publicación y ha hecho hincapié en los problemas de su cumplimiento efectivo.

Por el PAR, María Herrero ha reprochado que Podemos haga con esta iniciativa una "acusación velada" a toda la actividad pública, puesto que con ella "cuestionan la honradez" de todas las personas que están en política.

"Si quieren hablamos, pero desde la humildad, no poniendo en tela de juicio todo el sistema", ha agregado Herrero, quien ha apuntado a la falta de medios y dificultades de los pequeños municipios para cumplir no ya esta iniciativa, sino la propia ley de transparencia en vigor.

El diputado de Ciudadanos Javier Martínez ha reprochado el "espectáculo" que Podemos ha traído, con su llegada, al Parlamento aragonés, y que sus iniciativas solo se dirijan a "sus intereses y a los colectivos que les son afines".

Ha apuntado que esta ley tiene un coste "bastante algo" y que muchas entidades a las que obliga no tienen la capacidad para cumplirla y ha dudado de que resulte "realmente rentable" para la ciudadanía.

Por el Grupo Mixto (CHA), Carmen Martínez ha dudado de que hacer públicos millones de asientos contables sea información útil para los ciudadanos, puesto que "mas información no siempre es más transparencia", y ha recordado que ya existen en Aragón mecanismos de control y fiscalización de la cuentas.

Y la socialista Isabel García ha mostrado dudas acerca de la posible injerencia que supondría esta ley en las competencias de otras administraciones además de advertir de que dar la información en bruto de todos los movimientos "puede ser contraproducente" y no siempre "útil" para evaluar la decisión política de los gastos.