Cinco años después de que comenzara a instruirse la causa por estafa contra Enrique Irazábal Serrano el juez decidió ayer enviarlo a prisión provisional, eludible con una fianza de 300.000 euros. El responsable de la sociedad Scinet, que vendió un falso –"fallido", según los imputados– proyecto empresarial en Gallur y para ello captó 4,2 millones de euros de distintos empresarios, que lo denunciaron, sufrió una crisis al conocer la decisión judicial y tuvo que ser trasladado en una ambulancia al hospital.

Enrique Irazábal no esperaba que el titular del Juzgado de Instrucción número 1, José Ignacio Martínez Esteban, acordara esta medida, sobre todo después de decirle que, en su opinión, toda esta causa judicial es una "canallada" y una "infamia" y la investigación está llena de "calumnias".

No opinaron lo mismo las acusaciones y la Fiscalía, que solicitaron su ingreso en prisión (sin fianza) ante el elevado riesgo de fuga que supone la reciente y elevada petición de penas de cárcel (más de 16 años) que hicieron recientemente para él, así como de las fianzas millonarias (8,1 millones de euros), y la inminencia del juicio que se celebrará en la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Encausado por cinco delitos

El empresario, que está acusado de los delitos de creación de organización criminal, estafa continuada, falsedad en documento público, oficial y mercantil, blanqueo de capitales y usurpación de identidad estaba citado ayer, junto a cuatro acusados más, para una comparecencia en la que el juez debía valorar si atendía o no la solicitud de las acusaciones. Hasta ahora Irazábal era el único de los siete imputados que tenía retirado el pasaporte y comparecía desde hacía más de dos años cada primero de mes en un juzgado de Madrid, ciudad en la que reside. Pero el juez, tras escuchar los argumentos de todas las partes, no consideró suficiente esta medida y decretó su prisión eludible con la fianza mencionada.

Además, el magistrado retiró el pasaporte y prohibió salir de España a Elsa A., mano derecha de Irazábal y experta informática encargada de publicitar en internet la información –"falaz", a juicio de las acusaciones– de todas las empresas vinculadas al "proyecto criminal" de Scinet.

Con los otros tres acusados citados, Jesús F. F., Antonio Y. G. y Antonio Y. S., presuntos colaboradores encargados de captar inversionistas, el juez no tomó ninguna medida cautelar y los dejó en libertad. Antonio Y. S. alegó en su defensa que no ha engañado a nadie y que se limitó a hablar a unos amigos de un proyecto muy viable. "No he cometido ninguna fechoría y no sé lo que hago aquí", manifestó.

Millonaria inversión y trabajos

Enrique Irazábal se presentó en Gallur en 2006 como un empresario de éxito y un proyecto bajo el brazo que iba a poner al pueblo en el panorama internacional como sede de una gran planta ensambladora de módulos multiusos destinados a países del tercer mundo. El acusado y seis estrechos colaboradores –para los que también se piden penas que suman casi 40 años de prisión– prometían una inversión de 47 millones de euros y empleo para 350 vecinos, una propuesta con la que consiguieron que el Ayuntamiento se comprometiera a ofrecerles 317.000 metros cuadrados de suelo público. La brillante puesta en escena, unida a la capacidad discursiva y fluidez verbal de Irazábal, lograron persuadir a varios empresarios que, a modo de inversión, le entregaron fuertes sumas de dinero. A estos les explicaron que Scinet Corporation tenía plantas ensambladoras en puertos marítimos tales como el de Rotterdam, lo que resultó ser falso. También presentaron certificados de solvencia bancaria de Barclays, entidad a la que se acusa como responsable civil subsidiaria de la presunta estafa.

En la comparecencia de ayer, el principal acusado hizo gala de toda su retórica para intentar convencer al juez de que no debía enviarlo a prisión. Le contó que desciende de empresarios de solera y que él es un profesional de las plantas industriales y ha ganado varios concursos internacionales. En su descargo, dijo que es "apoderado" de una sociedad británica y no ha firmado ninguno de los contratos que le atribuye la fiscal Nieves Zaragoza.

Ante el temor de las acusaciones de que pueda fugarse, ya que tiene a toda su familia residiendo en Estados Unidos, alegó que no sale de España desde 1996. Su miedo no es infundado, ya que no sería la primera vez que se marcha del país estando reclamado por juzgados. Lo hizo en 1984 cuando supuestamente estaba amenazado por ETA. Sin embargo, en aquellos años –entre 1986 y 1992– cinco juzgados distintos de Madrid, Barcelona y San Sebastián y dos comisarías ya lo buscaban por fraude y falsedad.