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Aragón

La Defensora del Pueblo investiga el proceso judicial del atentado de ETA a Madariaga

Pide datos a la Fiscalía General del Estado sobre la entrevista con el etarra Picabea.

Miguel Ángel Madariaga, una víctima aragonesa, se entrevistó en 2014 con el etarra Pedro Picabea.
Miguel Ángel Madariaga, una víctima aragonesa, se entrevistó en 2014 con el etarra Pedro Picabea.
G. Mestre

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerrril, ha abierto un expediente sobre la investigación judicial del atentado contra el ex comandante de la Guardia Civil Miguel Ángel Madariaga, en febrero de 1979, en el cuartel de Andoain. Acaba de admitir su queja sobre una posible vulneración de sus derechos respecto a que la Dirección de Instituciones Penitenciarias determinó que su entrevista con el etarra Pedro José Picabea, celebrada el 26 de marzo de 2014 en la prisión de Zaballa (Álava), es "secreta". El contenido del encuentro no se incluyó en el proceso judicial sobre el atentado en la Audiencia Nacional, pese a que Picabea admitía que era miembro del comando Adarra, autor del atentado de Andoain. Aún así, Instituciones Penitenciarias respondió que "procedería a facilitar la grabación solicitada a instancia de la Autoridad Judicial y/o del Ministerio fiscal".

La adjunta segunda de la Defensa del Pueblo, Concepció Ferrer i Casals, ha respondido a la víctima de terrorismo que admitieron su queja respecto a la tutela judicial como víctima del atentado y que han iniciado "las actuaciones oportunas ante la Fiscalía General". Cuando los fiscales de la Audiencia Nacional respondan, la Defensora del Pueblo adoptará su decisión.

"He pedido transparencia de la Administración con las víctimas de terrorismo, que sufrimos la aplicación a algunos terroristas de la vía Nanclares. Solicité que se pudiera utilizar el contenido de la entrevista con Picabea en la que confesó que era del comando Adarra, que cometió el atentado donde me hirieron y murió otro guardia", señaló Miguel Ángel Madariaga.

Paradójicamente, ese encuentro de la víctima con el preso en Zaballa, al que asistió el director del centro penitenciario, sirvió para reabrir el caso del atentado al estanquero de Éibar, Carlos García Fernández, que ocurrió el 7 de octubre de 1980. El etarra Pedro José Picabea confesó ese crimen, aunque ese asesinato ya estaba prescrito.

La Defensora del Pueblo rechazó otra iniciativa anterior de la víctima, pero después de que le remitiera toda la información sobre el sumario y las cartas del preso Picabea, Soledad Becerril cambió su postura y admitió su queja para investigarla. Su función es vigilar cualquier vulneración de derechos.

Los escritos remitidos por la víctima han quedado registrados en un expediente numerado: "Estudiada su queja, se procede a su admisión, al entender que reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución, en relación con la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo".

"He enviado la carta que mandó Picabea a la Audiencia Nacional, después de haberse negado a declarar ante el juez Andreu. Fue un privilegiado porque lo hizo por videconferencia, que se usa para testigos o peritos", explicó Madariaga. Remitió otra carta que le mandó Picabea desde la cárcel que estuvo retenida durante un año y medio por un trabajador del Gobierno vasco.

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