Policía y Guardia Civil identificaron a 568 personas al día en Aragón el año pasado
La ley de Seguridad Ciudadana del PP no aumentó las identificaciones en la Comunidad: en 2015 se registró la cifra más baja de los últimos cuatro ejercicios.
Casi 207.500 personas fueron identificadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil el año pasado en Aragón. Esto supone una media de 568 al día. La cifra, aparentemente abultada, representa sin embargo un descenso con respecto al ejercicio 2014 y el dato anual más bajo desde 2012. El ejercicio 2015 no fue un año cualquiera en lo que a seguridad ciudadana se refiere. Ese año convivieron dos marcos normativos diferentes: los seis primeros meses rigió la ley 1/1992, conocida como ley Corcuera, y el 1 de julio entró en vigor la ley 4/2015, aprobada por el Ejecutivo del PP y que ya durante su tramitación se ganó el sobrenombre de 'ley mordaza'.
La ley de protección de la seguridad ciudadana (este es su nombre oficial) fue ampliamente criticada por la oposición y por las esferas sociales y sindicales, entre otras, que la consideraban más restrictiva de los derechos de los ciudadanos que su antecesora. En las Cortes solo obtuvo el respaldo del PP y eso que el texto que llegó hasta el hemiciclo había sido rebajado en muchos puntos con respecto al anteproyecto.
Entre los aspectos más criticados aparecían nuevos comportamientos susceptibles de ser sancionados como, por ejemplo, tomar imágenes sin autorización de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, faltar al respeto a los agentes o los daños o "deslucimiento" de bienes de uso público, por citar solo tres. El marco que regulaba las identificaciones (en la ley antigua, los artículos 20.1 y 20.2, y los números 16.1 y 16.2 en la ley 4/2015) no aparecía entre los más censurados. Y es que el marco regulador en este aspecto es muy parecido en ambas leyes.
La principal novedad es que la ley 4/2015 tenía una redacción más amplia y en ella aumentaban las situaciones en las que los agentes podían pedir la documentación: además de para cumplir con sus labores de indagación y prevención delictiva, ya contemplados en la ley 1/1992, podían identificar a un ciudadano "para la sanción de infracciones penales y administrativas". Pero en la nueva redacción también se incluían más garantías para los ciudadanos. Por ejemplo, en el texto se indica que las vías telemática y telefónica pueden utilizarse como supletorias para proceder a la identificación, se recogen expresamente los principios que han respetar los agentes (proporcionalidad, igualdad de trato, etc.) y también, en el caso de tener que trasladar a la persona no identificada a dependencias policiales, se prohíbe que esta estancia (no es una detención) supere las seis horas (antes no había plazo máximo establecido).
En Aragón, en el primer semestre de 2015, policías nacionales y guardias civiles pidieron la documentación a 106.478 personas. En la segunda parte del año, con la 'ley mordaza' ya en vigor, la cifra descendió hasta las 100.939 identificaciones. Sumando las cifras de ambos periodos, el balance anual de 2015 ascendió a 207.417 identificaciones, 2.146 menos que en 2014. La caída es un mayor si el año de referencia es 2013, cuando se requirió la documentación a 234.173 personas en Aragón. El recorte en comparación con los registros de 2015 alcanza las 26.756 identificaciones. A nivel nacional se repitió el mismo comportamiento bajista.
Una ley muy criticada
El descenso del número de identificaciones que ha generado la ley 4/2015 es quizás el único aspecto positivo que se puede sacar del primer año de vigencia de la ley de protección de la seguridad ciudadana. Porque la llamada 'ley mordaza' ha acumulado en estos meses bastantes portadas a nivel nacional e internacional por las sanciones que se han impuesto. En este sentido destacan las multas a tres periodistas mientras trabajaban. El primero en ser sancionado, con 601 euros, fue un fotógrafo vasco que compartió en Twitter una imagen de una actuación policial. Periódicos como New York Times o The Guardian se hicieron eco de su caso.
De acuerdo con los datos recogidos por la organización Reporteros sin Fronteras, que se hace eco de datos de Interior, los insultos y faltas de respeto a la autoridad, tipificados como delito, son la segunda causa de denuncias en España. Solo superan en cifras a este tipo de delitos los vinculados a la tenencia y consumo de estupefacientes.
No pocas organizaciones internacionales, entre las que se encuentran Amnistía Internacional o Human Rights Watch, han solicitado la derogación de la 'ley mordaza'. Su supervivencia, tal y como la conocemos hoy, es una incógnita, dada la incertidumbre que reina de cara a la formación de un nuevo Ejecutivo. Los partidos que estaban en la oposición cuando se aprobó, como el PSOE o IU, hicieron público su compromiso de derogarla en el caso de acceder al gobierno. El PP, desde luego, mantiene que es una buena norma pero, dada la necesidad que tiene de pactar con otra formación para seguir en el poder, es posible que algunos artículos se modifiquen si los socios de los populares así lo piden, o que acabe cambiándose por otra tal y como solicita gran parte del espectro político y social.
