El alcalde de La Muela, Adrián Tello (CHA), pide el amparo del Gobierno de Aragón para garantizar "la supervivencia" de este pueblo de algo menos de 5.000 habitantes. En una carta remitida al presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, el nacionalista asegura que si el Ayuntamiento que dirige no consigue en unas semanas la refinanciación que necesita para poder cumplir sus obligaciones y pagar las deudas que tiene "totalmente descontroladas" –que cifra en 3,09 millones de euros–, el próximo mes de julio se verán obligados a cortar todos los servicios públicos que presta que no son competencia municipal. Estos suponen "unos gastos anuales que superan ampliamente los 500.000 euros". La medida tendría afecciones en servicios como el consultorio médico, la residencia de ancianos, la escuela infantil, el colegio y la sección del instituto o el juzgado de paz.

La misiva fue remitida el pasado miércoles 8 de junio y en el Consistorio muelano todavía no han obtenido una respuesta ni por escrito ni de palabra. Tello comienza la carta recordando a Lambán que el Ayuntamiento de La Muela "pasa por una malísima situación económica, que roza ya lo caótico". El nacionalista insiste en que la situación de las arcas, con una deuda que supera los 16 millones de euros, "viene derivada de las muy nefastas gestiones realizadas por los equipos de gobierno anteriores, las cuales se están dirimiendo en los juzgados".

María Victoria Pinilla (PAR), principal imputada en el mayor caso de corrupción de Aragón, la Operación Molinos, estuvo más de veinte años al frente del Ayuntamiento de La Muela. Su sucesora al frente de la Alcaldía fue Marisol Aured (PP). La popular también es una de las dos personas que destaparon la trama de corrupción urbanística y que durante buena parte de la investigación se mantuvo como testigo protegido. Tras las últimas elecciones municipales, Tello llegó a la Alcaldía tras formar el tripartito CHA-PSOE-Ganar La Muela.

En la carta que el alcalde actual ha remitido a Javier Lambán, el nacionalista explica al presidente aragonés todas las actuaciones llevadas a cabo desde que ocupa el cargo de regidor municipal. En junio de 2015, el Consistorio se acogió al Fondo de Ordenación impulsado por el Ministerio de Hacienda para refinanciar, a través de un préstamo a diez años, las deudas derivadas de sentencias judiciales firmes (que no incluían los intereses) por 6,5 millones de euros. Gracias a este fondo y al plan de ajuste con el que redujeron hasta el mínimo el gasto corriente, el Consistorio dejó de tener deudas con la comarca de Valdejalón, espera terminar de pagar toda la deuda que tenía con la Seguridad Social a final de año y cumplir con otros pagos.

Tello define la situación actual como "el desquiciante panorama que se nos presenta" y, a partir de ahí, pasa a enumerar la situación de embargo de las cuentas municipales que sufre el Ayuntamiento, las ejecuciones de sentencias solicitadas por promotoras que ganaron la batalla al Ayuntamiento en los juzgados –como los más de 660.000 euros de intereses judiciales al administrador concursal de una constructora­ a la que ya se pagó 4,1 millones–, el calendario de pagos para la devolución del Impuesto de Construcciones a una promotora que nunca llegó a edificar o la compensación de las deudas que la Agencia Tributaria acaba de comunicar al Ayuntamiento por las deudas con la sociedad municipal cultural y deportiva de La Muela.

La última notificación, que no pudo incluirse en la misiva, la recibieron el pasado viernes y vino de la mano de otra promotora, que interpuso una denuncia en el juzgado para que el Ayuntamiento recepcione las obras de Ciudad Zaragoza Golf, la urbanización frente al polígono Centrovía que quedó en esqueletos de hormigón sin terminar y un único bloque de pisos con vecinos. Esto supondría otro varapalo económico muy importante para el Ayuntamiento en caso de que el juzgado fallara a favor de la empresa.

Esta carta es un primer toque de atención al Ejecutivo. Con ella buscan una financiación que facilite los pagos que el Consistorio debe asumir de manera inmediata. Esperan dialogar y obtener una respuesta, pero si no la tienen después de las elecciones generales del próximo día 26 volverán a enviar otro recordatorio.

"Si tampoco obtenemos respuesta, empezaremos a tomar la decisión de no asumir competencias que no nos corresponden", detalla Tello. Entre los servicios que se verían afectados está el servicio de limpieza del consultorio médico, los gastos corrientes y de mantenimiento de la escuela infantil, el colegio o la sección del instituto, el juzgado de paz o la residencia de ancianos, que no tiene ninguna plaza concertada.