La DGA quiere revisar las 6.765 tragaperras de Aragón cada dos años y controlar las ganancias

La inspección se hace ahora cada 5 años y se paga un fijo por máquina, lo que según Interior ha hecho repuntar las irregularidades.

El Gobierno de Aragón quiere reorganizar el sector del juego y aumentar los controles, en especial en las máquinas tragaperras, una de las principales fuentes de ingresos tanto para los empresarios como para las arcas del ejecutivo autónomo. Una de las decisiones que la Dirección General de Justicia e Interior está a punto de tomar es rebajar de cinco a dos años el plazo para pasar la llamada Inspección Técnica de Máquinas (ITM). La razón no es otra que frenar el importante aumento del número de irregularidades que los agentes de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional, encargados de su control, han detectado en los últimos meses. La mayoría son infracciones administrativas, como que no coincidan los datos que figuran en la documentación de la máquina con las características de la misma, o que el establecimiento tenga un grupo de tragaperras mayor que el declarado.


Pero, sobre todo, lo que los agentes y los técnicos han constatado es que pasar la inspección cada cinco años resulta poco eficaz. Principalmente, porque fruto de los avances de la tecnología aplicada al juego la vida útil de estas máquinas suele ser inferior. Y ello conduce a que, cuando se detecta la irregularidad, el propietario ya ha amortizado la posible sanción.


La dirección general también pretende fiscalizar las ganancias de cada tragaperra, ya que actualmente se paga una tasa fija de 3.290 euros al año por cada una, ingrese lo que ingrese. Esta circunstancia se produce porque cuando en su día se aprobó la norma que regula el sector hubo una fuerte oposición empresarial a que se instalara un contador conectado a un servidor controlado por la DGA, algo que técnicamente es posible.


La directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, destaca la importancia del sector del juego en Aragón, ya que factura unos 400 millones al año y genera muchos puestos de trabajo. Recuerda además que la mayoría de los empresarios "son cumplidores al 100%" de las normas. "Pero hay un pequeño grupo de reincidentes y es necesario lograr que respeten la ley", apostilla.


En estos momentos hay abiertos expedientes de sanción de cuantías elevadas (80.000 euros uno, o 24.000, otro) precisamente porque han reincidido en la infracción. Aunque lo normal es que sean de entre 200 y 3.000.Son pocos pero "les cunde"

A pesar de que el número de agentes de la Unidad Adscrita de la Policía encargado de controlar el juego es reducido, su rendimiento es alto. "Es cierto que son pocos, pero puedo garantizar que el trabajo les cunde mucho", asegura Júlvez. De ello da cuenta el número de expedientes abiertos desde que el nuevo ejecutivo llegó al Gobierno de Aragón el pasado julio. Si en los meses anteriores se iniciaron solo media docena, entre septiembre y diciembre de 2015 se abrieron 67 y ya se han empezado a cobrar algunas de esas sanciones, lo que ha permitido ingresar 252.000 euros en ese concepto. La tendencia en 2016 es la misma y solo en el primer trimestre se han iniciado 42. Los agentes tienen como misión controlar el juego "limpio", el acceso a los locales de menores de edad, incapaces y jugadores que se lo hayan prohibido a sí mismos la entrada.


Los menores suponen siempre una preocupación, pero esta se ha incrementado tras detectarse la atracción que supone para ellos las apuestas deportivas y la ruleta electrónica. Por esa razón, la Policía tiene diseñado un dispositivo concreto para controlar los salones de apuestas que están más cercanos a los institutos y puntos de reuniones juveniles.


El juego por internet, que está creciendo exponencialmente, es otro caballo de batalla para Aragón y el resto de autonomías, pues tienen una guerra abierta con el Ministerio de Hacienda y el de Economía por los tributos que genera. "Hay una falta de lealtad de competencias. El sistema informático de control lo ha instalado el Estado y a este no le importa dónde se juega y recauda el impuesto. Nosotros nos oponemos porque creemos que debe tributarse donde esté físicamente el terminal", explica una de las responsables de la DGA en esta materia. Recuerda que técnicamente es factible saber dónde se está jugando.

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