El Ministerio de Hacienda ha dado esta semana un paso más para instaurar las máquinas tragaperras (o slots) y las apuestas cruzadas por internet iniciando el trámite de información pública. Todo ello a pesar de que esta decisión normativa del Gobierno central, que vendría a completar la regulación del juego online iniciada en el año 2012, parece no gustar a casi nadie.

En una memoria de impacto de la medida publicada esta semana, el ministerio que dirige Cristóbal Montoro ha estimado las cantidades que se apostarían en estos juegos y las ganancias que dejarían en las arcas públicas, entre otros muchos aspectos del proceso.

La Dirección General de Ordenación del Juego prevé que los españoles jugarían en torno a 814 millones de euros que dejarían unos ingresos limpios (recaudación menos premios) en las arcas del Estado de unos 22,5 millones.

Pero el proyecto de Hacienda se ha topado con la oposición del resto de agentes (operadores de máquinas recreativas, comunidades autónomas y jugadores) implicados en el asunto. Cada uno tiene sus motivos.

Hace algunas semanas que la Federación Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas y de Azar (Femara) manifestó su preocupación por la regulación ya que consideraban que la medida ponía en peligro parte de los "25.000 puestos de trabajo directos" que, según sus cálculos, generan las 5.000 empresas relacionadas con el sector del juego en España.

Tampoco son demasido favorables a las tragaperras online parte de las comunidades autónomas (Andalucía, Madrid, País Vasco y Valencia ya habrían mostrado al Ejecutivo central su oposición), ya que pensaban que los ingresos que hoy por hoy obtienen a través de la tasa fiscal sobre el juego y otros impuestos relacionados con el sector se verán reducidos, dañando así a las arcas autonómicas.

Los jugadores, también en contra

Pero no solo los operadores y parte de las administraciones públicas han mostrado sus reticencias a las tragaperras online. También los propios jugadores han hecho patente su rechazo en una encuesta realizada por el Observatorio de la protección al jugador online, que depende de la Dirección General de Ordenación del Juego.

Según la última edición de este informe, el 60% de los jugadores declaró que no le gustaría que se pudiera jugar a las tragaperras por internet. El motivo era claro: casi siete de cada diez personas encuestadas consideraban que este hecho incrementaría los problemas de ludopatía en España.

Desde que en junio de 2012 se legalizó el juego por internet y hasta el pasado mes de diciembre, los españoles se dejaron 8.165 millones de euros en juegos online (principalmente en apuestas deportivas y póquer) que generaron 346 millones de ingresos netos a la Administración, según la Dirección General de Ordenación del Juego.

Sin límites de precio por partida ni de premios

El borrador del Ministerio de Hacienda indica que la regulación de estos juegos de azar online se hará a semejanza de países europeos como Italia, Reino Unido o Dinamarca que ya permiten estas apuestas. 

Dicho documento recoge que las tragaperras online no estarán sometidas a límites mínimos o máximos a la hora de fijar los precios de cada partida. Tampoco lo estarán los premios excepto en el caso de los botes, que solo podrán generase por el propio juego.

También se establece que, de forma obligatoria, el sistema tendrá que avisar periódicamente y de forma automática del tiempo que se lleva jugando así como el dinero que se ha empleado, además de permitir la autoimposición de límites de gasto y de duración de partidas.