Comisiones Obreras cree que de la "desastrosa gestión" de Sarga en los últimos años se derivan responsabilidades "políticas, patrimoniales, administrativas e incluso puede que penales". Por ello, ayer presentaron una denuncia ante la UDEF (la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía) para que investigue las supuestas irregularidades cometidas y que suponen, a juicio del sindicato, "un verdadero saqueo" de la mayor empresa pública de Aragón. Según sus cálculos, podría rondar el millón de euros. El último caso conocido es el de un trabajador despedido este mes por cargar a la compañía más de 3.900 euros en tiques falsos de comidas.

Además, el sindicato acudirá también a la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria, como ya adelantó este periódico, para que determinen si se han producido infracciones administrativas.

Igualmente, CC. OO. quiere abrir una ronda de contactos con Podemos, Ciudadanos e IU, que no han tenido responsabilidades de gobierno en la Comunidad, para instarles a solicitar la apertura "inmediata" de una comisión de investigación en las Cortes. "Ahí van a poder tener la información que a nosotros nos niegan", argumentó ayer el secretario general del sector autonómico del sindicato, Francisco José González, quien denunció que en los últimos años se ha despedido a más de 110 trabajadores de los 450 de la plantilla de técnicos y administración.

La última tanda de 23 salidas, que no se comunicó previamente a los representantes de los empleados, se acaba de hacer efectiva. "Se venden como única alternativa para hacer viable la empresa", pero, según Comisiones, el objetivo es "llevarla a una situación insostenible para justificar su progresivo desmantelamiento" y hacer "una voladura controlada" con el fin último de privatizar los servicios rentables, aseguraron.

El responsable sindical calificó de "ruinosa" la gestión de Sarga desde su constitución en 2012 –fruto de la fusión de Sodemasa y Sirasa–, con "miles de euros tirados por el sumidero de los que no se responsabiliza nadie", mientras el operativo de extinción de incendios y otros servicios esenciales "no pueden ser atendidos porque los números no cuadran".

Puso como ejemplo lo ocurrido con varios despidos y recolocaciones de altos cargos desde 2013, que habrían costado a las arcas públicas más de 460.000 euros. La operación más gravosa, que según

CC. OO. supuso más de 200.000, fue la salida de la responsable de la antigua Sodemasa, cuyo despido en el ERE fue declarado nulo por un juez al tener una reducción de jornada. Hubo que readmitirla y pagarle los salarios de los dos años transcurridos. Días después de volver, pactó su despido.

El último caso cuestionado por el sindicato data de enero, poco después de la llegada del gerente nombrado por el Ejecutivo PSOE-CHA, Jorge Díez Zaera. El hasta entonces director de recursos humanos fue cesado con una indemnización que rondaba los 30.000 euros, pero tras acudir al servicio de mediación, logró casi 59.500, según admitió la DGA.

A ello se suman las expulsiones, en marzo, de un directivo por gastos ficticios de kilometraje, de otros dos por consentirlo, de un cuarto ahora despedido por pasar tiques falsos, las "excesivas" partidas en dietas y viajes justificados por la cúpula o las sospechas del uso de coches de empresa "casi como vehículos personales".

"Nadie exige responsabilidades a nadie porque unos protegen, otros ocultan o miran para otro lado", sostuvo González, que insistió en que el dinero defraudado "debe volver". Así lo exigirán al consejero de Sostenibilidad, Joaquín Olona, y al gerente le pedirán el plan de viabilidad de Sarga.