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La DGA se personará en la causa judicial de Sarga

El presidente Lambán descarta la comisión de investigación que pide Podemos hasta que concluya la instrucción

Pleno en las Cortes de Aragón
Pleno en las Cortes de Aragón
Oliver Duch

El presidente aragonés, Javier Lambán, ha anunciado este jueves que la DGA se personará en el proceso que instruye un juzgado de Zaragoza por las supuestas irregularidades en la gestión de la empresa pública Sarga. Según ha explicado, los servicios jurídicos están analizando si el Ejecutivo comparecerá como perjudicado o como acusación.

Lambán ha hecho este anuncio en una comparecencia en las Cortes, a petición de Podemos, en la que ha asegurado que su equipo ha adoptado “suficientes medidas para estar tranquilos”. Y ha llegado a decir que estaba “orgulloso” de la gestión actual, hasta el punto de pretender que sea “una referencia” del sector público empresarial de la Comunidad.

El líder de Podemos Aragón, Pablo Echenique, ha pedido explicaciones a Lambán después de conocerse el informe policial remitido al juzgado a raíz de una denuncia de Comisiones Obreras. El presidente ha defendido que la investigación sobre el supuesto pago indebido de gastos de kilometraje y dietas -supuestamente se defraudaron más de 8.000 euros- partió de la nueva dirección de la empresa.

Echenique ha acusado al Ejecutivo PSOE-CHA de “arrastrar los pies y mirar hacia otro lado”, tras referirse a la “historia no oficial” de Sarga, plagada de supuestas irregularidades y colocaciones a dedo. Ante esta situación, ha anunciado que Podemos exigirá una comisión de investigación “cuando avance el proceso judicial”. También ha reclamado una auditoría externa de la compañía y que la Cámara de Cuentas fiscalice su actividad en los años anteriores a 2015, ejercicio que ya está analizando.

El presidente aragonés ha considera que no sería “conveniente, razonable ni oportuno” depurar responsabilidades políticas en el Parlamento autonómico “sin saber si hay responsabilidades que depurar”. Sobre la auditoría externa, ha reconocido que “suena bien” pero ha incidido en las dificultades sobre quién debería hacerlo y con qué criterios se puede verificar el gasto público.

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