La DGA bloquea 3 millones de la dependencia y 1,3 de la escuela concertada para otros pagos

El Gobierno PSOE-CHA ‘vendió’ sus primeros presupuestos destacando el incremento del gasto social, que cifró en casi 340 millones. Pero algunas partidas de las que el Ejecutivo de Lambán ha hecho bandera fueron las primeras que sacrificó. Apenas diez días después de que las Cortes aprobaran las cuentas, el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, firmó una orden de retención de créditos por 56,5 millones para atender compromisos no recogidos en el presupuesto. Y entre las cantidades bloqueadas nada más iniciarse el ejercicio figuran algunas tan sensibles como más de 3,4 millones de prestaciones económicas a personas dependientes o un millón que se preveía destinar a ayudas sociales y familiares urgentes. Pero también la educación concertada sufre un duro recorte por la puerta de atrás, con más de 1,3 millones inmovilizados.

El bloqueo afecta al 2% del gasto de personal de todas las secciones del presupuesto -la interventora advirtió de que falta dinero para nóminas de educación y sanidad- y a un 1% del gasto corriente y de las inversiones. Solo se libraron de apretarse aún más el cinturón las Cortes, las comarcas y la sección 30, destinada a diversos departamentos. Cada consejero podía elegir qué partidas dejaba en suspenso, y también existe la posibilidad de rescatar determinados gastos a cambio de descartar otros por un importe similar.

Esta fue la fórmula elegida por Hacienda para garantizarse el dinero necesario que le permita hacer frente a la paga extra suprimida en 2012 que se adeuda a los funcionarios y al coste de otras enmiendas aprobadas tras la tramitación parlamentaria de las cuentas de 2016. Y por el volumen del presupuesto que manejan, el mayor porcentaje se detrae de los departamentos que concentran el gasto social. Entre Sanidad, el Salud, Educación, Derechos Sociales y el IASS suman más de 46 millones bloqueados.Modificaciones presupuestarias

Para el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, no se produce un recorte social. Explicó que la retención de 56,5 millones de euros del pasado mes de febrero está ideada para hacer posibles las modificaciones presupuestarias necesarias a lo largo del ejercicio. "Todas se van a destinar a gasto social. ¿De dónde vamos a sacar el dinero si no es del gasto social?", informó el consejero.

Solo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales se detrajeron de un plumazo 4,4 millones, de los que 3,4 corresponden a prestaciones económicas para personas dependientes, un sector especialmente castigado en los últimos años por los recortes. Se presupuestaron 77 millones, un 20% más que en 2015, pero el margen de mejora es enorme. Al cierre del pasado ejercicio, había 14.302 personas sin recibir la ayuda que les corresponde, con lo que Aragón era la segunda comunidad con peores datos. La otra partida del IASS retenida era de un millón de euros para ayudas sociales y familiares urgentes.

Esos 4,4 millones se incluyeron en la propuesta con la que Gimeno pretendía compensar a las comarcas 8,8 millones que a su vez les bloqueó en 2015 para pagar nóminas. Y aunque no tuvieron acceso al detalle a las partidas afectadas, tanto PP como Podemos decidieron frenar en seco su aprobación al comprobar que la mitad de la modificación se iba a cargar al IASS, lo que ha obligado a Hacienda a buscar alternativas que aún está negociando.

También la enseñanza concertada ha sufrido de lleno estos cambios, con 1,3 millones bloqueados para primaria y secundaria y casi 50.000 euros en educación especial, y eso que según la interventora estaban ya infradotadas, y además Podemos impuso que no dispongan de créditos ampliables este año. De la partida de becas de libros y comedor se detrajeron otros 300.000 euros, 208.000 de gastos de comedor y 300.000 del mantenimiento de colegios e institutos, que también han pasado recientemente serios apuros para cobrar.

Los ayuntamientos aragoneses también serán paganos de esta situación. Por un lado, se sacan 650.000 euros del Fondo de Cooperación Municipal, que se amplió de 9 a 17 millones. Además, la DGA reduce la partida de convenios para el mantenimiento de escuelas infantiles en 206.000 euros. Y una de las retenciones más criticada fue la de 15.000 euros para víctimas de violencia machista que también se quería destinar a las comarcas.

Gimeno explicó que los fondos que se reducen, como ocurre con los relativos a la dependencia, irán a los gastos sociales de las comarcas. O puso el ejemplo de la concertada, dado que esos 1,3 millones pueden destinarse a la extra de los trabajadores de estos centros educativos. "Todas las partidas están vinculadas", dijo. El consejero agregó que mantendrá la retención a lo largo del ejercicio y rechazó que se estén recortando gastos sociales para pagar nóminas.