La concesionaria de la autopista autonómica, Acciona, terminó ayer de arreglar uno de los sentidos de la ARA-A1 y confía en poder acabarla en un plazo máximo de tres meses. Acciona, la misma empres que lidera la UTE que explota la infraestructura, trabajará ahora en reconstruir el otro tramo que se llevó la riada del Ebro hace más de un año.

La autopista permaneció ayer cortada hasta las 20.30 con el fin de desviar la circulación en el tramo afectado por la rotura, en el que los coches circulan en ambos sentidos por una de las calzadas. De este modo, los vehículos lo harán desde hoy por la ya arreglada (sentido Villafranca de Ebro-El Burgo de Ebro) para enlazar los 5,3 kilómetros que conectan el eje de Barcelona (la AP-2 y la N-II) con la carretera de Castellón (N-232).

Las máquinas tendrán ahora que acometer el derribo parcial del talud de la autopista, que se rehizo provisionalmente para poder reabrir la ARA-A1. Entonces, se levantó sin acondicionar los dos pasos inferiores que rompió la crecida del Ebro y ahora tocará hacerlos sobre la losa de apoyo que se hormigonó sobre los terrenos saneados tras la avenida. Para ello, se montarán las mismas estructuras de hormigón que, a modo de cajón, se ejecutaron en la calzada ya arreglada y que luego se rellenaron para dar forma al talud.

La calzada en servicio cuenta ahora con los rellenos de piedra previstos bajo los pasos inferiores, de dos metros de espesor, y con las escolleras de protección, elementos de los que carecían hace un año y que influyeron en su hundimiento. Así lo apuntó un informe encargado por la DGA, que concluyó que la fuerza del río se llevó la tierra situada justo debajo, generando un gran socavón, por lo que al carecer de un apoyo, el paso inferior se acabó desplomando y se abrió una brecha de 50 metros en la autopista. El otro paso dañado se derribó porque se quedó literalmente en el aire.

Acciona se gastará algo más de dos millones de euros en arreglar la autopista autonómica, además de haber hecho frente a la sanción impuesta por la Consejería de Vertebración, fijada en 484.289 euros y que recurrió la empresa el pasado verano.Una explotación ruinosa

El verdadero problema no es este dinero, sino el futuro de una autopista ruinosa por culpa del garrafal error de cálculo del tráfico previsto, base de la concesión. La empresa cobra a la Administración autonómica un peaje en sombra en función del número de vehículos, pero no logra cubrir ni la amortización del crédito solicitado para pagar las obras.

La concesionaria instó el concurso de acreedores hace dos años y el administrador concursal ya advirtió en su informe de que está "abocada a la liquidación" si no hay un acuerdo entre las tres partes implicadas (la empresa, la DGA y los bancos que financiaron la obra) para salvar su insolvencia. Ni la constructora quiere perder la explotación de la ARA-A1, que se alargaría otros 19 años, ni el Ejecutivo autonómico abonarle los más de 40 millones pendientes de amortizar de la obra, además de tener que asumir los costes de la explotación.

La verdadera dificultad radica en el reequilibrio de la concesión. De hecho, el Gobierno PP-PAR ya exploró esta posibilidad con Acciona, pero los servicios jurídicos de la DGA señalaron que era inviable. Por una parte, una sentencia del Tribunal Supremo ha descartado esta solución para una de las autopistas radiales de Madrid (la R-4) que tampoco alcanza las expectativas de tráfico y por otra, el propio pliego del concurso de la autopista impide el reequilibrio por escasa circulación. El tiempo juega en contra, ya que se deberá adoptar una solución antes de junio.