El abogado de la Generalitat ha utilizado el caso del sindicalista Manuel Roche Julián, miembro de la CNT, para justificar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que se han quedado con su documentación porque era un emigrante aragonés en Cataluña.

El carné del sindicalista de Ontiñena (Huesca) aparece en la sección PS-Barcelona, caja 1574, folios 425 a 429. Pero el letrado de la Generalitat argumenta que "el cambio de puesto de trabajo por motivos diversos" provocó "la emigración hacia Cataluña como un hecho habitual a lo largo del siglo XX, también durante los años de la Guerra Civil". "Este es un caso, lo que prueba que el carné forma parte del fondo de la CNT de Cataluña", concluye el abogado.

La parte demandante de la asociación Salvar al Archivo de Salamanca remitió a la Sala de lo Contencioso administrativo del TSJA sus conclusiones en las que acusan al letrado de utilizar con falsedad el caso de Manuel Roche.

"El abogado de la Generalitat utiliza la mentira para quedarse con la documentación aragonesa, citando el caso de Manuel Roche Julián. Resulta que no era un emigrante en busca de trabajo en Cataluña, como afirma la parte demandada, sino un refugiado que huyó de Ontiñena (Huesca) horas antes de entrar el ejército de Franco en la localidad de la que era miembro del Comité Revolucionario local", responden los demandantes.

El investigador Policarpo Sánchez explica que había consultado en la Causa General conservada en el Centro Documental de la Memoria Histórica y prueba el motivo de refugiarse Manuel Roche. "Precisamente, el exconsejero de Cultural, señor Mascarell, declaró que excluye textualmente este tipo de documentación de la que se seleccionó", señaló.

De hecho, aporta la resolución del exconsejero del 10 de enero de 2014 para desestimar el recurso de alzada en la demanda que presentaron en el TSJC. En sus consideraciones jurídicas se lee: "La Comisión mixta Ministerio de Cultura-Departamento de Cultura acordó que los documentos tenían que ser restituidos a la Generalitat. Se trata de documentos que habían sido confiscados a personas físicas o jurídicas privadas con residencia, domicilio, delegación o secciones de Cataluña, quedando excluida aquella documentación de personas físicas o jurídicas que vinieron a Cataluña como refugiados a raíz de la Guerra Civil".

Una vez presentadas las conclusiones por la partes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el proceso para recuperar los papeles aragoneses ya se encuentra en la recta final.