No hay tregua. La Generalitat se aferra a la reforma legal que pretende impedir la independencia de Cataluña para intentar anular la sentencia de abril de 2015, que le obliga a la devolución de las 97 piezas del monasterio de Sijena, y su ejecución. El Tribunal Constitucional ha dado traslado a las partes para que aleguen al incidente de ejecución presentado el 10 de febrero por la administración catalana. Ahora, el Gobierno de Aragón, el fiscal y la titular del Juzgado nº 1 de Huesca, que emitió el fallo, tienen hasta el 23 de marzo, la víspera de Jueves Santo, para presentar sus escritos e intentar frenar el nuevo ataque de la Generalitat. El letrado del Gobierno de Aragón, Alberto Gimeno, cree que "se desestimará".

Aunque se presentó en febrero, la DGA recibió el escrito este miércoles, a partir del que tienen diez días hábiles (naturales desde hoy) para responder. A juicio de la administración catalana, el fallo del Juzgado de Instrucción nº 1 de Huesca que le ordena la devolución "contraviene" la polémica sentencia de 2012 del Tribunal Constitucional, que determinó que las obras debían permanecer en la comunidad vecina, y vulnera la ejecución de la misma. No deja de ser otra maniobra para dilatar el proceso después de que no prosperara en el Tribunal Supremo el conflicto de jurisdicción, que se resolvió en diciembre a favor de Aragón.

Ese intento fallido dejó sin efecto la ejecución de la sentencia, ya que incluso se había fijado fecha de devolución. En este caso, el incidente presentado no implica que se paralice. De hecho, se esperaba que la juez de Huesca Carmen Aznar, que emitió el fallo al que la Generalitat se opone, dictara el auto de ejecución en unos días. Con todo, parece probable que se demore, dado que tiene de plazo hasta el próximo día 23 para alegar contra este nuevo recurso. "No es un trámite menor, hay que cerrarlo bien. No creo que haya ninguna posibilidad jurídica, pero si prospera, nos despedimos de Sijena", comenta el abogado del Gobierno de Aragón, Alberto Gimeno. Según detalla, "cerraría todas las reclamaciones del monasterio –no solo la de las 97 piezas sino la de las pinturas de la sala capitular–, porque la teoría de ellos es que después de la sentencia del TC de 2012 no se puede enjuiciar nada sobre los bienes de Sijena porque como están en Cataluña la administración competente es la Generalitat".

El incidente se ha planteado al amparo del artículo 92 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, modificada en octubre en respuesta al desafío soberanista. Es preciso diferenciarlo del recurso de amparo, aunque Cataluña estudió adoptar esta vía tras el revés del Alto Tribunal que desestimó el conflicto de jurisdicción. En este caso, el objetivo de la administración catalana es que prevalezca el fallo del Tribunal Constitucional del 2012, que resolvió 14 años después un conflicto de competencias por el derecho de retracto sobre las compraventas del arte de Sijena. "Quieren anular estos cuatros años y que los bienes sigan en Cataluña solo porque están allí. En el fondo, es así de simple lo que plantean", señala Gimeno.

Por ello, las únicas partes implicadas son las que estaban cuando se inició el conflicto en 1998, por lo que el TC no ha dado traslado para que presenten alegaciones ni al Estado, ni al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ni al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena.