Miles de edificios deben hacer obras por ley para mejorar su accesibilidad

La nueva regulación obliga a los vecinos a hacer reformas con solo pedirlo uno de ellos. Tienen de plazo hasta el año que viene.

Miles de edificios deben hacer obras por ley para mejorar su accesibilidad
Miles de edificios deben hacer obras por ley para mejorar su accesibilidad

Las comunidades de vecinos y propietarios de Aragón tienen muy presente la fecha de diciembre de 2017. Es el plazo límite marcado por el Real Decreto Legislativo 1/2013 para acometer obras que mejoren la accesibilidad de los edificios. Un periodo de tiempo amplio (cuatro años desde su aprobación), pero que ya asoma en el horizonte mientras muchos siguen con los deberes sin hacer.


Una de las principales novedades que introdujo el Gobierno en esta 'Ley General de derechos de las personas con discapacidad' fue eliminar el quórum entre los vecinos a la hora de aprobar o desestimar obras de mejora de la accesibilidad. Mientras que hasta ahora la mayoría de las comunidades requerían tres quintas partes de los votos favorables, la nueva regulación obliga a acometer las obras si un solo propietario lo solicita.


Un cambio trascendente para miles de personas discapacitadas o con movilidad reducida que, en muchos casos se enfrentaban al 'no' de sus vecinos a instalar un ascensor o rebajar unos escalones por no afrontar derramas elevadas.


En cualquier caso, la ley ha querido ser prudente y solo obliga a realizar “ajustes razonables” que no supongan “una carga desproporcionada o indebida” para las cuentas de la comunidad. Para ello, se ha establecido un límite: el gasto en las obras no podrá superar las doce mensualidades de comunidad. Es decir, si la cuota es de 50 euros, solo se verán obligados a la rehabilitación del edificio si cada vecino debe desembolsar un máximo de 600 euros.


Pero incluso si el importe de la reforma supera ese límite, los vecinos más interesados (en este caso, los que presenten problemas de movilidad) podrían aportar de su bolsillo el sobrecoste, de forma que la obra se tuviera que realizar obligatoriamente.


Como explica Lucio de la Cruz, gerente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza (COAATZ), la mayoría de las actuaciones que se están realizando pasan por eliminar el primer escalón de los portales y, sobre todo, bajar el ascensor hasta el nivel de la calle. “En Zaragoza es muy habitual que los ascensores no lleguen a cota cero, y hay que salvar cinco o seis escalones para poder acceder a él”, señala.


También se están instalando elevadores para personas con movilidad reducida en los casos donde no hay espacio para eliminar estas barreras. Así lo confirma Miguel Ruíz Lizondo, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón. “La ley es clara, y hay que cumplirla”, asegura. De hecho, de no llevarse a cabo las reformas demandadas, los propietarios se enfrentan a multas de hasta 300.000 euros.


Subvenciones


“Con la bajada del precio del petróleo, las comunidades ahora tienen dinero de lo que se ahorran en la compra de combustible para la calefacción. Además, en 2014 se aprobaron ayudas para la rehabilitación que animaron a hacer reformas”, señala Ruíz Lizondo.


En este sentido, los aparejadores y arquitectos técnicos reconocen que “hubo un primer impulso, pero ahora mismo está todo muy parado”, sobre todo por el “desconocimiento” de la población de este cambio legislativo. Según De la Cruz, además, las ayudas previstas para aquel 2014 debían alcanzar los 2,5 millones de euros en Aragón, pero “llegaron 1,5 y tan solo se adjudicó medio millón porque se dio poco plazo para presentar las solicitudes (dos meses)”. En 2015 se volvió a aprobar otro paquete de ayudas con el que se espera incentivar la rehabilitación de edificios.


Una práctica “poco extendida”. Según De la Cruz, en Europa el 40% de la actividad de la construcción tiene que ver con la rehabilitación, mientras que en España se queda en el 18%. Y eso que en Aragón, el 60% de los edificios son anteriores a la década de los ochenta.


“Tenemos estudios que demuestran que la rehabilitación no es un gasto, sino una inversión”, explica. En Zaragoza, por ejemplo, el edificio tipo tiene entre cuatro y cinco plantas sin ascensor. El hecho de instalar uno “revaloriza los pisos superiores en hasta 20.000 euros, y los más bajos, en unos 6.000”, comenta.

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