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La DGA aprueba su plan de prioridades

El Consejo de Gobierno inicia también los trámites para regular la ley de renta social básica.

Consejo de Gobierno de este martes.
Consejo de Gobierno de este martes.
Oliver Duch

El Ejecutivo aragonés PSOE-CHA ha aprobado este martes su plan de gobierno para esta legislatura, que incluye las prioridades y principales actuaciones previstas en cada uno de los departamentos, con los costes que se estiman necesarios para ejecutarlas. La elaboración del documento es una exigencia de la ley de Transparencia autonómica aprobada en 2015, que daba un plazo de seis meses desde la toma de posesión para su presentación.

Según el Ejecutivo, el plan, que ha recibido esta mañana el visto bueno del Consejo de Gobierno, se publicará “próximamente” en el portal de transparencia de la DGA.

A la espera de que se haga público, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno, Vicente Guillén, ha explicado que las prioridades recogidas en el documento incluyen medidas que contribuyan a la estabilidad social y a incentivar la economía y crear empleo, la promoción de una educación de calidad, la sanidad pública universal y los servicios sociales, así como una reforma de la arquitectura institucional aragonesa, la vertebración “racional” del territorio y la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

?Guillén ha recordado que se evaluará su cumplimiento al término de cada ejercicio presupuestario.

Avanza la ley de renta básica

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha tomado en consideración el anteproyecto de ley de renta social básica, que sustituirá al Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y a la ayuda de integración familiar.

Según las estimación de la DGA, podría beneficiar a unas 15.000 personas. La percibirán tanto familias sin recursos como aquellas que carezcan de ingresos “suficientes”.

De momento, no ha trascendido el coste que tendrá esta prestación para las arcas autonómicas. El proyecto de ley se enviará en dos semanas a las Cortes para su tramitación parlamentaria y su aprobación definitiva. Se prevé que pueda entrar en vigor en abril.

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