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Aragón

Pinilla pidió a empresarios que presionaran para que la DGA autorizara una operación

Trataban de que la comisión de Urbanismo delimitara suelo para urbanizar.

Francisco José Aramburu, empleado de la empresa Sagain, en los pasillos de los juzgados.
Francisco José Aramburu, empleado de la empresa Sagain, en los pasillos de los juzgados.
Aránzazu Navarro

La fiscal del caso La Muela invirtió la mayor parte de la sesión del juicio de ayer en demostrar las presiones que tanto la ex alcaldesa María Victoria Pinilla como los constructores vascos de la empresa Sagain trataron de hacer sobre dirigentes del Gobierno de Aragón –entonces gobernaba Marcelino Iglesias al frente de un ejecutivo formado por PSOE-PAR– para aprobar determinados proyectos urbanísticos, como el conocido como SR1 y la sexta fase de ampliación del polígono industrial de Centrovía.

Tanto Sagain como la regidora del Consistorio tenían mucho interés en que salieran adelante y la alcaldesa estaba preocupada porque el plan parcial había sido retirado en varias ocasiones del orden del día de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio. La razón era que la quinta fase de Centrovía aún estaba en tramitación y sin terminar (la estaba desarrollando Inbisa), y no consideraban adecuado que el Ayuntamiento de La Muela y los promotores de Sagain quisieran impulsar ya la sexta.

Pero el empeño de Pinilla en desbloquear el asunto le llevó a telefonear a una serie de personas que, sin tener peso político, podían ejercer una presión indirecta. Uno de ellos fue el acusado José Francisco Aramburu, Patxi, empleado de Sagain, para quien la Fiscalía solicita cuatro años y medio de cárcel por delitos de cohecho y tráfico de influencias. Aramburu conocía a Agapito Iglesias –en aquella época accionista mayoritario del Real Zaragoza– , ya que a través de Codesport había sido socio con Sagain en la mercantil Inversiones Aguina.

En una conversación interceptada por la Policía en abril de 2008 y que ayer se escuchó en la sala de vistas, Pinilla le pidió a Aramburu que hablara con Agapito para que este utilizara la buena relación que entonces tenía con el presidente, Marcelino Iglesias, y lograra que ordenara meter el asunto del plan parcial en el orden del día de la comisión de ordenación del territorio.Se dejaba "querer"

Aramburu declaró ayer que le respondió que hablaría con Agapito Iglesias pero que no lo llegó a hacer. A cambio, se entrevistó con su "mano derecha", un tal Alberto, del que no dijo el apellido. "Le dije que le transmitiese a Agapito que la alcaldesa quería hablar con él. Nada más", manifestó ante el tribunal.

"Entonces, cuando le decía vale, vale (a Pinilla), ¿se estaba dejando querer?", le preguntó la fiscal Victoria Esponera. "Sí. Eso es", respondió el acusado.

"Hice dos facturas falsas a petición de Aured"

José Miguel Mosteo, informático acusado de falsedad, reconoció ante el tribunal -como siempre ha hecho ante la Policía y ante el juez instructor- que confeccionó facturas falsas por petición de Carmelo Aured quien, posteriormente, las usó para justificar el cobro de comisiones. El acusado, para quien la fiscal pide 18 meses de cárcel, admitió haber elaborado en nombre de su empresa Artebit una factura de fecha 20 de mayo de 2004 por 135.000 euros y otra al día siguiente de 108.000 euros (más IVA), que fueron pagadas por Arturo Beltrán (ya fallecido) y su empresa Ebrogan a Carmelo Aured, por los terrenos que Beltrán había adquirido de forma ventajosa, por su amistad con la exalcaldesa, en el término de La Muela.

"Las facturas no se corresponden con ningún trabajo y las hice por encargo de Aured. Al mes me arrepentí y le pedí que las destruyera y no las usara, pero no lo hizo. De eso me enteré dos años después cuando me llamó Hacienda", declaró Mosteo. Su letrado, Pedro Martínez, recordó que su cliente fue absuelto en la causa por fraude fiscal en la que Aured fue condenado. M. G. C.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio aprobó finalmente la sexta fase de Centrovía (de 150 hectáreas)en diciembre de 2008, tan solo medio año después de haberlo rechazado, porque se consideraba que el suelo industrial previsto en La Muela ya era suficiente.

Para la Fiscalía, la labor del exsubdirector provincial de Urbanismo y también acusado, Carlos Martín Rafecas, fue relevante para aprobar el proyecto. La declaración de esta persona está prevista para la semana que viene.

Por su parte, la abogada del Estado interrogó a Patxi Aramburu sobre sus labores de localización y compra de terrenos a los "aldeanos" de La Muela y la ayuda que le prestaba el acusado Carmelo Aured en estas tareas. Aramburu explicó que tanto él como Aured cobraban de la empresa Sagain por esa intermediación.

A preguntas de su letrado, Javier Hernández García, declaró que es cierto que Sagain patrocinaba al equipo de fútbol de La Muela, como también había hecho con un equipo de Fórmula 1 o con la Vuelta a España.

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