Aragón

La DGA pide 25 años de cárcel para García Becerril y seis para Esco

El exgerente de Plaza y el exviceconsejero de Obras Públicas forman parte de más de veinte personas acusadas de malversación de caudales públicos.

El exviceconsejero de la DGA Carlos Esco (izquierda) y Ricardo García Becerril, en la Audiencia.
oliver duch

El Gobierno de Aragón pide 25 años de cárcel para el exgerente de la empresa pública Plaza Ricardo García Becerril y 6 para el exviceconsejero de Obras Pública Carlos Esco, en el escrito de acusación que ha presentado al juez que instruye este caso de presunta malversación millonaria de caudales públicos.

La acusación, han confirmado fuentes del ejecutivo autonómico, fue remitida este miércoles al Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, que desde 2013 ha investigado este presunto caso de corrupción en el que hay más de una veintena de personas acusadas de malversación de caudales públicos y cohecho, entre otros delitos.

Según Radio Zaragoza, la acusación, en un extenso escrito de casi 342 folios, considera como "un engaño premeditado" la actuación de los procesados, con sobornos y amaños en los contratos, cuyas cuantías se inflaron y adjudicaron sin atenerse a la ley.

Una vez adjudicados los contratos se produjeron actuaciones para ocultar esos delitos, sostiene la acusación, que descarta que se trate de un conflicto meramente civil y lo califican como un delito de fraude deliberado y continuado contra la administración pública.

Piden además 46 años de inhabilitación

Para García Becerril, la representación de la Administración Autonómica pide, además de la prisión, 46 años de inhabilitación por los delitos de malversación, cohecho, blanqueo, alzamiento de bienes y delito tributario.

Los abogados del gobierno acusan a Carlos Esco, quien fue consejero delegado de la sociedad pública Plaza, de un presunto delito de malversación por el que le piden prisión y diez años de inhabilitación.

Otro de los procesados en el caso es el empresario de la construcción y expresidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, para el que piden diez años de cárcel por malversación y cohecho.

También solicita 14 años de cárcel por malversación y cohecho para José María Jordán, gerente de la UTE que formaron Acciona y la empresa Manuel López Navarro (MLN) para el desarrollo de la plataforma logística de la capital aragonesa, una de las más grandes de España.

Para Miguel Ángel Bretón, otro ejecutivo de Acciona, piden siete años de cárcel por malversación, el mismo delito del que acusan a Miguel Ángel Pérez, ex director técnico de Plaza, para el que reclaman 6 años de cárcel y 18 de inhabilitación.

Esta acusación del gobierno aragonés se ha conocido después de la presentada ante el juez por los abogados de Plaza, que piden para García Becerril 37 años de cárcel, 14 para José María Jordán, 5 para Carlos Esco y otros tantos para Miguel Ángel Pérez y Agapito Iglesias.

La acusación de Plaza, que calcula en unos 156 millones de euros los perjuicios económicos generados a la sociedad pública, se extiende a 23 personas, entre ellas la esposa y dos hijas de García Becerril, para las que pide entre 9 y 11 años de cárcel por malversación, blanqueo y cohecho.

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