El que fuera director del Servicio provincial de Industria de Zaragoza entre 2006 y 2011, Francisco Javier Hualde García, ha reconocido ante la Audiencia que se aprovechó de su cargo en el Gobierno aragonés para colocar a su mujer y a su hijo en el accionariado de varias empresas del sector de los áridos y embolsarse así unos beneficios de 592.885 euros. Y el reconocimiento de este delito continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios le ha salido rentable, ya que va a saldar cuentas con la Justicia con una multa de 7.200 euros. De hecho, el exalto cargo ni siquiera llegó a sentarse en el banquillo y someterse al veredicto de un Jurado, ya que alcanzó el 27 de noviembre de 2015 un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y el Gobierno de Aragón, que ejercían la acusación, que ha plasmado la Audiencia Provincial en una sentencia que lleva fecha de 7 de enero y que se hizo pública ayer.

Francisco Javier Hualde García fue destituido el 9 de marzo de 2011, después de que la Policía le imputara hasta 15 delitos –trece prevaricaciones, uno de negociaciones prohibidas a los funcionarios y otro de cohecho– en el marco de la llamada Operación Minas. Además de al alto cargo, los agentes implicaron en esta presunta trama corrupta a otras once personas: entre ellas, cinco funcionarios, varios empresarios del sector minero y tres familiares del principal imputado.

Sin embargo, de esta larga lista de investigados, en la sentencia solo aparecen los nombres de seis: Francisco Javier Hualde; su esposa, Juana María García Ortigosa; el hijo del matrimonio, Ignacio Hualde García; los empresarios Paulino y Carlos Andrés Pérez Alegre (Contrayer); y el también vinculado al negocio de los áridos, Pedro Ramón Martínez Dequel (Arenas Martínez Dequel). Como en el caso del primero, todos ellos han sido condenados por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios por el que pagarán una multa de 7.200 euros. Por sentencia, quedan también inhabilitados para ejercer un cargo público durante 4 años y pagarán las costas a partes iguales.De ama de casa a ejecutiva

Cuando le tocó declarar ante el juez instructor, Juana María García, reconoció que la única ocupación que había tenido era la de ama de casa. Pese a ello, se atribuyó en exclusiva la idea de comprar a finales de 2004 participaciones en la empresa de minería Contrayer S. L., así como la de pedir y ser titular de un permiso de investigación para un yacimiento de arenas en Soria. La mujer también adquirió participaciones de Explotaciones Mineras Jiloca con los mismos socios de Contrayer. Negocios por los que la familia se embolsó 592.000 euros en siete años.

Para la Policía, Juana García desconocía los aspectos más básicos y esenciales del negocio de minas y su papel como accionista no era más que una pantalla tras la que se escondía su marido. De esta forma, según los investigadores, a través de las cuentas bancarias de su esposa, Francisco Hualde podía recibir pagos en contraprestación a "favores" u "omisiones" en trámites gestionados desde el cargo que ostentaba.

De la sentencia se desprende que la mujer del exdirector de Minas mintió al juez. De hecho, el fallo dice que Hualde "se concertó" con los tres empresarios mineros ahora condenados "para poder intervenir en el tráfico jurídico a través de diversas empresas". Precisa además que, "a fin de ocultarlo, lo llevaron a cabo a través de su mujer y de su hijo, que actuaron de común acuerdo con los anteriores". Porque si la esposa de Hualde se hizo accionista de sociedades mineras sin saber nada del negocio, el hijo del matrimonio, Ignacio Hualde, adquirió el 22% del capital social de otra empresa (Ituero 96) con tan solo 19 años. El joven también sacó beneficio de las gestiones de su padre al ser contratado para trabajar en varias de estas sociedades.El caso estuvo tres años parado

Cuando estalló, el caso Minas generó un gran revuelo político. No en vano, la Policía estaba destapando una presunta trama corrupta dentro de la administración regional. Y, en concreto, dentro de la Sección de Minas del Departamento de Industria. Sin embargo, el devenir del caso no ha sido ni mucho menos el habitual.Empezando por la tramitación de las diligencias, ya que, sin razón aparente, el titular del Juzgado de Instrucción número 12 tardó tres años en llamar a declarar a los imputados. Ahora, sin ni siquiera juicio, el asunto se ha despachado con unas multas.