El próximo 1 de enero la Justicia española dará un paso de gigante hacia su digitalización total. Ese ha sido el día elegido por el Gobierno para la implantación del sistema Lexnet, que obliga a que la presentación de escritos, el traslado de copias y la realización de actos de comunicación (tanto por los juzgados, tribunales y fiscalías como por abogados y otros profesionales) se hagan por vía telemática. Así lo anunció el ministro de Justicia, Rafael Catalá, a finales de noviembre y así se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 1 de diciembre a través de un real decreto.

Solo un día después de esta publicación, el Ministerio de Justicia informó de que ya había cumplido con todas sus previsiones y que por ello tenía todas las garantías de que en los territorios de su gestión el límite establecido por la legislación se iba a cumplir. Aragón, sin embargo, queda fuera de la competencia del departamento dirigido por Catalá. La Comunidad tiene transferidas las competencias en Justicia desde 2008, así pues es la DGA la que se está encargando de la implementación del sistema.

Puede decirse que Aragón juega con ventaja respecto a otras comunidades autónomas, pues Lexnet (que comenzó a regularse en 2007) se viene utilizando para las notificaciones telemáticas desde 2009 y ya se han realizado cerca de 10 millones de comunicaciones, según los datos de la DGA.

Esto hace que la implantación del sistema el próximo año no sea una novedad total para los juzgados y tribunales aragoneses y ello beneficie su puesta en funcionamiento aunque, aún así, nadie en la esfera judicial resta importancia al cambio y afirman que el 1 de enero será “una prueba de fuego”.

La DGA continúa trabajando

Y es que, a menos de un mes para la fecha clave, aún queda trabajo por hacer tanto en la esfera pública como en otras esferas judiciales imprescindibles como es la abogacía. María Ángeles Júlvez, directora general de Justicia e Interior de la DGA, explicó que la DGA se ha reunido con distintos usuarios (como los ayuntamientos de las tres capitales, las diputaciones provinciales o el colectivo de graduados sociales) que no eran ya usuarios del sistema “a fin de prestarles información y soporte tecnológico para el mejor cumplimiento” del plazo que da la ley.

La semana pasada se realizaron pruebas de comunicaciones telemáticas con la Fiscalía y los Juzgados de los partidos judiciales de la provincia de Zaragoza en el ámbito civil, afirmó Júlvez, que añadió que el mes pasado se impartieron sesiones formativas e informativas sobre las novedades procesales y técnicas que seguirán celebrándose este mes.

Los abogados siguen formándose

Por su parte, los colegios de abogados también se esfuerzan estos días por llegar con los deberes hechos. Letrados de todo el país han recibido en los últimos meses amplia formación sobre el uso de la herramienta e, incluso, el Consejo General de la Abogacía Española (órgano que coordina a todos los colegios profesionales), que preside el abogado zaragozano Carlos Carnicer, ha creado una plataforma que permite a los letrados hacer simulaciones para ir curtiéndose en el uso de Lexnet.

Este órgano ha trabajado desde los primeros días de este año en la formación de los abogados de todos los colegios profesionales de España. Lo ha hecho a través de sesiones de formación que se intensificaron el pasado mes de septiembre y que a día de hoy siguen. Fuentes del Consejo explicaron que se ha venido haciendo “un esfuerzo muy importante” y que hasta el 1 de enero les quedan “intensos días” de trabajo.

Sin incremento de gasto ni refuerzo de personal

En una de sus disposiciones finales, el texto publicado en el BOE a principios de diciembre indica que “el presente real decreto no supondrá incremento de gasto público ni de las dotaciones de personal”. La falta de medios y financiación ha sido una de las principales quejas de los estamentos judiciales a la hora de llevar a cabo tamaña empresa.

A pesar del contenido del real decreto, en una nota de prensa publicada el 2 de diciembre el Ministerio aseguró que se habían adoptado “medidas presupuestarias que contemplan el incremento de las inversiones del departamento para nuevas tecnologías, pasando de los 35 millones de euros el año pasado a los 69 millones previstos para 2016” y que el departamento no ha dejado de apoyar a las autonomías “con todos los medios a su alcance” para que la implantación de Lexnet sea un éxito.

Hasta Aragón llegarán poco más de 150.000 euros que se destinarán a la adquisición de nuevos ordenadores y monitores compatibles con la herramienta. Es una cifra insignificante al lado de la inversión total que tendrá que afrontar la DGA para la puesta en marcha de este sistema y que el propio Gobierno aragonés ha estimado en torno a los 1,5 millones de euros.

“Se van a adquirir las pantallas de ordenador necesarias para que existan dobles pantallas para los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, que si bien no es un requisito para el cumplimiento de la obligación de comunicación telemática y recepción telemática de escritos y demandas, sí es el instrumento necesario para el óptimo cumplimiento de dicha obligación”, indicó María Ángeles Júlvez.

Digitalización... sin audios ni vídeo

En lo que se refiere a cuestiones técnicas, Lexnet tendrá unas importantes limitaciones. Según se establece en el real decreto, el sistema obliga a que el documento principal de la comunicación sea un archivo PDF con un sistema de reconocimiento de caracteres. A este documento se le pueden adjuntar imágenes en varios formatos diferentes, pero no se admitirá acompañar archivos de audio, vídeo y otros formatos. Esto supone una importante limitación a la hora de presentar pruebas.