El montante es menos de lo que debería recibir la Universidad si se sumara lo que se le ha dejado a deber en el último lustro, en el que se han congelado y suprimido partidas, pero supone un acuerdo que, sin ser de máximos, satisface a ambas partes: las dos pierden dinero, pero las dos ganan compromisos y estabilidad. La institución consigue que se pague parte de su deuda y una inversión fija a cinco años, frente a la otra opción que era, en el mejor de los casos, ganar un juicio y los 51,5 millones que reclamaba, pero no tener un plan de financiación ni a corto ni a largo plazo.

Como el contencioso se va a retirar -así lo confirmó ayer el rector- el departamento de Universidad de la DGA cierra un conflicto con visos de judicializarse y alargarse hasta el extremo. Y retoma el diálogo con el principal motor de la cultura, la formación y la investigación aragonesa.

Con el pacto, que deberá ser aprobado por los respectivos Consejos de Gobierno de las dos partes, la DGA se compromete a aportar 16 millones de financiación básica hasta 2020 (6,1 están ya en los presupuestos para el año que viene). Además, asume la actual deuda a largo plazo de la Universidad (14 millones) y un fijo en infraestructuras e investigación discreto pero necesario: el compromiso es invertir entre 2,5 y 3 millones por periodo.

En el 2006 se hizo ya un proyecto que recogía todas las actuaciones necesarias, y que cifró el coste total en más de 20 millones de euros. La cantidad es inasumible en el momento actual, y la comisión de la que forman parte los ‘negociadores’ de la Universidad y del Gobierno deberá enfrentarse al reto de rebajar la cifra para que las obras puedan comenzar a finales de 2016 o, a lo sumo, a principios de 2017.

"El proyecto se revisará y veremos cuánto se puede aminorar, porque además hay que hacer adaptaciones técnicas", explicó Manuel López. "La obra será muy larga y compleja, porque incluye la demolición de la parte más moderna, la de Filología, la restauración del edificio central y el traslado de profesores y estudiantes a otro sitio", detalló.

El rector presentará su cese este mismo mes o a principios de enero, y se va habiendo conseguido cerrar el pleito con la DGA y una financiación, al menos, estable; que merma su deuda. Aparte de los 14 millones a largo plazo, habría otros 18 a corto que no son asumidos por el Ejecutivo, aunque posiblemente de estos se restarán 3 que la DGA les va a abonar por el contencioso y alguna otra amortización. "La mayor satisfacción es acabar con un conflicto al que lamentablemente nos vimos obligados a acudir. Deseaba profundamente retirar el contencioso, me hubiera dolido dejarlo así", recalcó Manuel López.

Aunque parecía que en 2014 se iba a firmar un pacto, la publicación de los presupuestos de 2015 hizo estallar por los aires la frágil paz que mantenían: las cuentas volvían a obviar cualquier aumento de las partidas para la Universidad, la financiación básica seguía congelada y no se destinaba dinero a infraestructuras.

En noviembre de 2014, la Universidad presentó un requerimiento y la DGA contestó el pasado marzo negándose a pagar las cuantías reclamadas. Así que la institución presentó un contencioso ante el TSJA pidiendo los 51,5 millones que debía haber recibido por el pacto de 2011 y urgiendo el adelanto de 14 de ellos.