Más de dos años después de que la Ciudad de la Justicia empezase a funcionar a pleno rendimiento, la Dirección General de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón ha decidido activar los tornos que fueron instalados el primer día para controlar el acceso tanto de funcionarios como de usuarios. Hasta el pasado miércoles, tanto la Policía Nacional de la Unidad Adscrita como la vigilancia privada se limitaban a inspeccionar y hacer pasar por los arcos de detección de metales a todos los visitantes que fueran a hacer cualquier gestión, mientras que profesionales y empleados accedían por los tornos abiertos, eso sí, bajo la atenta mirada de los agentes para que nadie ajeno se colara por esa entrada.

Pero desde el miércoles las cosas han cambiado. Ese día se activaron los tornos del edificio Vidal de Canellas, ayer fueron los de Fueros de Aragón y hoy serán los del Juzgado de Guardia.

La principal y primera razón, como insistía ayer la directora general de Justicia, María Ángeles Júlvez, es la seguridad, sobre todo después de las alertas activadas tras los atentados de París. En este sentido, explicó que la medida no es exclusiva de Ranillas e informó de que en el edificio Pignatelli se han reforzado los arcos y modificado los accesos para que estos solo se produzcan por tres puertas, además de otros cambios que se han hecho y que no se pueden hacer públicos precisamente por medidas de seguridad.

No obstante, Júlvez también admitía que, respecto a la Ciudad de la Justicia, no era "razonable" que estuvieran instalados los tornos y "no sirvieran" para nada. Hasta el pasado miércoles, los funcionarios fichaban solo cada vez que entraban y al finalizar su jornada laboral. Pero ahora se controlará cuándo y durante cuánto tiempo sale cada uno a desayunar, a fumar o a cualquier gestión ajena a su trabajo. Evidentemente, esta medida levantó ayer críticas, aprobaciones y también indiferencia. Los técnicos y los policías trataron de solventar los problemas de las lecturas de tarjetas, sobre todo de abogados que no las tenían activadas.

El asunto se trató en una reunión de sindicatos y Mila Núñez, representante de UGT, manifestaba que lo que les había molestado es que no les informaran con antelación de la decisión ni de qué van a controlar ni cómo se van a computar las salidas. "No nos negamos al control, pero nos parece mal que se haya utilizado el tema de la seguridad para hacerlo", dijo. También cuestionaron que los secretarios judiciales no fichen, a lo que Júlvez (secretaria judicial)responde que es un cuerpo cuya competencia es del Ministerio de Justicia y no de la DGA.