El Gobierno de Aragón ha comenzado a analizar y perfilar cuál será la manera más pertinente y menos intrusiva para que los profesores que trabajan con menores de edad acrediten no haber cometido delitos de naturaleza sexual. El secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, trasladó la iniciativa a los representantes de las comunidades autónomas en el transcurso de la última conferencia general de Educación, que ahora avanzan en su aplicación.

En el seno del departamento de Educación se aborda la idea "con cautela" al tratarse de un asunto "especialmente delicado". La consejería que dirige Mayte Pérez está desgranando las distintas posibilidades al alimón con el departamento de Innovación de cara al próximo año, cuando el Ministerio planea arrancar la medida, enraizada en las leyes de Protección Jurídica del Menor y de Enjuiciamiento Civil.

Según explican fuentes del Ministerio, "será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones que impliquen contacto habitual con menores no haber sido condenado con sentencia firme por algún delito contra la libertad sexual". Bajo esta denominación caben todo tipo de infracciones, desde la provocación hasta la trata de blancas, pasando por abuso, agresión, exhibicionismo, prostitución, explotación o corrupción de menores.

La aspiración última de la cartera que capitanea Méndez de Vigo es que quienes aspiren a desarrollar su carrera profesional en un ámbito con niños deban presentar "un certificado expedido por el Registro Central de delincuentes sexuales". Un trámite por el que pasará el personal docente, pero también los conductores de transporte escolar y los monitores de comedor y de actividades extraescolares.

Febrero era el mes en que estaba previsto que el Ministerio de Justicia pusiera en marcha el citado registro, aunque es probable que los plazos se acaben dilatando.

La medida alcanzará al personal que vaya incorporando a la función pública, pero también a quienes ya tienen una trayectoria profesional en las aulas, ya que una vez arranque la medida -indican desde el Ministerio- deberán aportar su certificado "a la mayor brevedad posible". La Administración también instará a los profesionales contratados por los centros privados y concertados a hacer lo propio.

¿Criminalización o demostración de pulcritud?

La noticia ha sentado de manera desigual en la comunidad educativa. Muchos lo ven como una criminalización de la profesión, pero también hay quien lo asume como una oportunidad para demostrar la pulcritud del gremio. En el primer grupo se encuentra Flor Miguel, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), que no entiende que "la medida se centre en una profesión, cuando cualquier empleado público, y no sólo el que trabaja con menores, debería estar exento de antecedentes".

Diferente parecer guarda Miguel Ángel García, presidente de la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (Fecap), quien no considera que se esté criminalizando, "sino logrando que se demuestre que tenemos los mejores profesionales posibles con nuestros hijos, algo que ocurre en prácticamente el 100% de los casos".