Ninguna de las peticiones realizadas a la Fiscalía para que investigara irregularidades en el proceso de apertura del Ánfora ha fructificado. De esta manera, los delitos que denunciaron tanto la plataforma anticonciertos como, más recientemente, el Gobierno de Aragón contra la empresa Alfedel por la puesta en marcha del centro educativo, no llegarán a los juzgados. Este último caso se ha desechado en poco tiempo. La DGA presentaba el pasado 16 de octubre su documentación, en la que pedía que se investigara la operación urbanística y los posibles fraudes en la forma en que se creó la cooperativa y, en menos de un mes, la Fiscalía ha resuelto que no hay indicios suficientes para seguir adelante.

A pesar de la celeridad en la decisión, y de que el Ejecutivo autonómico ya ha tenido otros conflictos con el colegio de Cuarte –como cuando negó su concertación, que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón sí concedió como medida cautelar–, el presidente aragonés, Javier Lambán, consideraba ayer que su gobierno había hecho "lo que tenía que hacer".

"Los servicios técnicos y jurídicos entendieron que podían existir una serie de irregularidades y hubieran actuado rozando el delito si no hubieran puesto en conocimiento de la Fiscalía la existencia de esas posibles irregularidades. Ahora, se ha tomado esta decisión y nosotros la respetamos absolutamente", declaró ayer Lambán."Un durísimo varapalo"

Por su parte, la portavoz de Educación del PP en las Cortes de Aragón, María José Ferrando, quiere que el Departamento despeje dudas sobre la honorabilidad del anterior equipo de Gobierno en el proceso de autorización del centro y para ello pedirá hoy la comparecencia en sede parlamentaria de la consejera de Educación, Mayte Pérez, a la que solicita que asuma públicamente su error, pida disculpas y explique cuál es su política respecto a la concertada.

"La decisión de la Fiscalía es otro durísimo varapalo al Gobierno de Aragón, y lo deja una vez más en evidencia", dijo ayer la diputada, que atribuye la actuación del actual Ejecutivo a "un capricho sectario" y a su pacto con Podemos.

En cualquier caso, el Gobierno aragonés no había recibido ayer, a última hora de la tarde, ninguna notificación de la Fiscalía acerca de su decisión. La que sí ha recibido ya el correspondiente comunicado ha sido la plataforma anticonciertos, que el pasado mes de julio aportaba documentación a la Fiscalía por supuestos indicios de cohecho, falsificación de documentos públicos y malversación de fondos en la aprobación del concierto del Ánfora.

Según el documento que recibieron el pasado lunes, el fiscal propone el archivo de las presentes diligencias "por no quedar debidamente acreditados los delitos denunciados e investigados en los mismos". En concreto, sobre las quejas y sospechas de irregularidades en la operación urbanística, la Fiscalía dice: "El suelo sobre el que se ha construido el colegio es de naturaleza privada y el estudio de detalle efectuado para suprimir la calle central dando los metros correspondientes a las calles perimetrales que rodean la parcela resultante donde se ubica el colegio es un instrumento urbanístico idóneo para ello".

Tampoco considera que hubiera prevaricación en el procedimiento. "No se observa la existencia de una resolución que se aparte de las normas de procedimiento y del ámbito competencial de quien la dicta para favorecer", detalla el texto.

El grupo contra los conciertos, formado por los sindicatos STEA y CGT y los partidos CHA e IU, se mostró ayer decepcionado por el archivo de las diligencias de investigación y siguen manteniendo sus dudas. "La plataforma cree que los indicios y la investigación que presentamos eran más que suficientes", opinó ayer José Luis Ruiz, de CGT. "No compartimos lo que la fiscal pone en ese texto", declaró asimismo Esther Martínez, de STEA. Según Martínez, la administración sabía que se estaba concediendo un concierto a una empresa que en ese momento no se podía dar y que había que regularizar posteriormente, extremo que, en su opinión, no se ha cumplido. Además, denuncia que el Ayuntamiento de Cuarte dio la licencia de ocupación siempre y cuando se cumplieran una serie de requisitos, entre los que se encontraba el visto bueno del director general de Planificación. "Y ese visto bueno no se dio, por eso nos sorprende tanto que el TSJA procediera a la concertación del Ánfora como medida cautelar".La opinión del centro

A pesar de estas solicitudes, la investigación de la Fiscalía, de la que se ha ocupado la unidad especial anticorrupción, no aprecia indicios de delito. Así, todas las sospechas vertidas tanto por este grupo anticonciertos como por el Gobierno de Aragón contra la empresa Alfedel, que inició la puesta en marcha del centro a través de un proceso de cooperativismo, no llegarán a los juzgados. Una decisión muy celebrada en el centro educativo. "Al final se ha verificado que todo era absolutamente legal y que es un colegio que va a estar funcionando durante muchos años. Es un respaldo a lo que hemos venido diciendo todo este tiempo y, de una vez por todas, que nos dejen trabajar tranquilos sin poner palos en las ruedas", afirmó ayer Fernando Benito, uno de los padres de la AMPA del Ánfora. También Enrique Bilbao, presidente del consejo rector del colegio, mostró su satisfacción. "Nosotros estábamos tranquilos porque todo ha sido correcto y transparente. Los cooperativistas estamos muy a gusto con el proyecto educativo, que es lo que cuenta y que está yendo muy bien", concluyó.