Ayuntamientos a la carrera para cumplir la Ley de Transparencia

El 10 de diciembre de 2013 el Gobierno Central aprobaba y publicaba en el BOE la esperada Ley de Transparencia y Buen Gobierno. Un texto demandado que trajo consigo una avalancha de datos abiertos a los ciudadanos que hasta ahora, o no eran públicos en la mayoría de los casos, o eran de muy difícil acceso.

Sueldos de cargos electos, de personal contratado, subvenciones, contratos, dietas... la nueva norma tocaba tierra un año después con la apertura del portal de transparencia del propio ejecutivo nacional. A esto le seguiría meses después, en la pasada primavera y con normativa propia, la web del Gobierno de Aragón, pionera entre las autonomías. Pero dos años más tarde, tanto la ley estatal como autonómica exigen ahora que llegue el turno del algodón a los ayuntamientos y otras entidades locales. Una línea de meta a la que difícilmente parece que puedan llegar el 90% de los ayuntamientos aragoneses.

El próximo 11 de diciembre vence el plazo para que los ayuntamientos tengan habilitados sus portales de transparencia según la normativa estatal, y, solo unos días más tarde, el día de Navidad, se cumple también el periodo de adaptación dado por la legislación autonómica, más explícita y concreta a la hora de especificar qué datos se deben ofrecer y qué consecuencias pueden tener los consistorios que no cumplan con los requisitos.

Hasta el día de hoy, apenas una veintena de ayuntamientos aragoneses han publicado ya sus respectivas informaciones o están próximos a hacerlo para cumplir el plazo. Zaragoza fue una de las ciudades pioneras en toda España, a la que siguieron Calatayud o Huesca pocas semanas después. Después, Teruel y otras poblaciones importantes se sumaron. Pero a partir de ahí, su número se acaba.

Según un informe elaborado por la Universidad San Jorge en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona publicado el pasado mes de abril, solo 12 ayuntamientos de los 731 que hay en Aragón aprobaban en la aplicación de la norma a apenas unas semanas de las elecciones de mayo. Y eso a pesar que los sufragios locales aceleraron en muchos casos estos procesos y demandas por parte de la oposición.

“Ahora estamos inmersos en una nueva oleada para evaluar cómo ha avanzado la aplicación de la transparencia. Y lo que hemos visto hasta la fecha es que no ha habido grandes movimientos”, explica Nerea Vadillo, profesora de Comunicación de la USJ y responsable de la pata aragonesa del estudio, que explica que los cambios de poder ocurridos en muchos municipios durante las elecciones han paralizado en cierto modo el proceso fruto del habitual impasse de los cambios de corporación.

Como ejemplo, este misma semana apenas quince de las 39 capitales comarcales -algunas comarcas cuentan con dos cabeceras- tenían habilitados sus webs o secciones de transparencia en sus portales municipales tal y como pide la Ley. Un número al que dentro de poco se sumará Alcañiz, que en la actualidad está elaborando su propio espacio antes de que venza el plazo, y al que también se ha unido recientemente Jaca.

En el municipio altoaragonés el portal de transparencia fue aprobado en uno de los últimos plenos del anterior gobierno municipal, y ahora, la nueva corporación está trabajando para añadir más información. “Actualmente se está llevando a cabo una campaña para pedir sugerencias a los ciudadanos y remodelar toda la web, lo que ayudará a tener también mejor información en el área de transparencia”, explican desde el consistorio jacetano.Los municipios más pequeños, sin recursos ni información

Pero... ¿qué pasa con el resto de municipios? La Ley no diferencia entre los municipios más pequeños o más grandes a la hora de exigir transparencia. Un fin que, aunque deseable, se hace complicado para los pueblos más pequeños -tan comunes en Aragón- donde remodelar la portal en internet puede suponer un gasto, aunque pequeño, del que no disponen. De hecho, a día de hoy se estima que unos 200 siguen careciendo de página web alguna.

“Nosotros hemos intentado potenciar la implantación de la transparencia en todos los ámbitos, pero es cierto que los ayuntamientos más pequeños no cuentan con personal, financiación ni apenas información para llevarlo a cabo”, señalan desde la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, organización que también contribuyó a poner a Aragón entre los pioneros al solicitar a su homólogo nacional, la Federación Española, la creación de una Red de Ciudades por la Transparencia y Participación Ciudadana en la que ahora participan pueblos de toda España.

Por su parte, las comarcas sí que se han adaptado en su gran mayoría a la norma, contando con portal de transparencia o sección propia muchas de ellas, en gran parte, según señala Vadillo, “porque son entes que cuentan con más capacidad de actuación que los municipios y más recursos”.

Además, a nivel nacional, las organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a fiscalizar la transparencia de gobiernos e instituciones se quejan de que, pese a haber avanzado mucho en los últimos años, el reglamento del Estado sigue carente de un desarrollo que clarifique sanciones y métodos de actuación para los municipios más pequeños. “Supuestamente el desarrollo de la ley iba a estar aprobado el pasado mes de enero, pero ahora ya damos por hecho que será después de las elecciones”, explica Helen Darbishire, directora ejecutiva de Acces-Info, organización que a nivel europeo vela por si se cumplen unos objetivos mínimos de transparencia entre las instituciones.

Pese a esto, los expertos sitúan a Aragón entre una de las autonomías españolas donde más ha avanzado la transparencia a lo largo de este año. “Es cierto que queda por clarificar cómo se adaptarán las entidades locales más pequeñas a estas exigencias y que se ejecuten los apoyos técnicos que la ley aragonesa prevé que la DGA pueda prestarles, pero aquí podemos estar medianamente contentos con cómo se está desarrollando el proceso. Aunque, que duda cabe, aún queda mucho camino por avanzar”, valora Vadillo.