Solo 12 de los 731 ayuntamientos aragoneses están en condiciones de cumplir con las exigencias que marca la ley estatal de Transparencia. Se aprobó en 2013 pero hasta el próximo viernes no entra en vigor para las entidades que integran la administración local (municipios, comarcas...). Y salvo un 1,6% de consistorios, todos se quedarán al margen de la norma. En más de un tercio de los casos (236), por una cuestión básica: ni siquiera tienen página web, el soporte en el que se les obliga a facilitar toda la información requerida. La media aragonesa es un suspenso clamoroso: 0,87 sobre 10.

Son algunos de los datos recopilados dentro del proyecto Infoparticip@, que desde 2013 estudia la información disponible en internet sobre quiénes son los representantes públicos, cómo gestionan, qué información sobre esta gestión aportan y qué instrumentos de participación proporcionan a sus administrados.

Las entidades locales deben difundir, por ejemplo, su organigrama y la trayectoria profesional de sus miembros, su planificación anual y plurianual, información de relevancia jurídica, datos económicos y presupuestarios (contratos, convenios, subvenciones concedidas, cuentas anuales...). Y también las retribuciones percibidas por los máximos responsables, si bien en el caso de los ayuntamientos aragoneses la inmensa mayoría de alcaldes y concejales no tienen sueldo y ni siquiera cobran dietas. Incluso en estos casos, deben aportar sus declaraciones de bienes y actividades.

Pero la ley no solo obliga a difundir todas estas cuestiones para cumplir con la obligación de publicidad activa. También deben facilitar el acceso a la información pública a todos aquellos contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de las administraciones, aunque hay algunas restricciones relacionadas con la seguridad nacional o la investigación de delitos.

Esta es la teoría, pero en la práctica apenas una docena de ayuntamientos de la Comunidad cumplen, y no solo eso, la mayoría se quedan muy lejos del aprobado, según explica Nerea Vadillo, encargada en Aragón de las evaluaciones para los informes de Infoparticip@, un proyecto financiado por el Ministerio de Economía para incentivar las buenas prácticas en el ámbito de la comunicación pública local y la transparencia. El equipo empezó su estudio en 2013 y después de concluir la tercera oleada, el pasado abril, Vadillo, profesora de la Facultad de Comunicación de la Universidad San Jorge, admite que la situación general "no ha cambiado mucho". "Más de 400 han subido un poco, pero siguen sin cumplir", añade. Y desde entonces, pese a la inminente entrada en vigor de la ley, apenas ha habido avances.

Una de las dificultades para los ayuntamientos es la falta de una plataforma adecuada en la que alojar los datos, algo común a muchos municipios de todo el país. La ley preveía facilitarles las herramientas necesarias para cumplir los requisitos fijados. Y tanto el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como el Gobierno de Aragón, en desarrollo también de su ley autonómica, trabajan en esta cuestión. El problema son los tiempos.

Aunque la norma estatal se aprobó en 2013 y se dio dos años a las entidades locales para adaptarse, no fue hasta la semana pasada cuando el Gobierno central se dirigió a ellas para plantearles la posibilidad de integrarse en un portal al que ya se han adherido más de 1.000 ayuntamientos de todo el país, según explica en la misiva el director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Domingo J. Molina reconoce que "el cumplimiento efectivo de esta ley acarrea importantes esfuerzos".Problemas con internet

Disponer de la plataforma para colgar la información es solo uno de ellos, porque después hay que actualizarla (se exige hacerlo cuatrimestralmente) y muchos ayuntamientos carecen de personal suficiente y de medios técnicos. En este sentido, la presidenta de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), Carmen Sánchez, resalta que en numerosos consistorios, como el de Used, que ella preside, la falta de cobertura "supone un verdadero problema" para el uso de internet, a lo que se suma la escasa velocidad de la conexión.

En su caso concreto, esperarán a que la DGA ponga en marcha su plataforma "porque es más operativo resolver cualquier dificultad con una administración más cercana" que el Ministerio. "Quienes hacen las leyes ni conocen nuestra realidad ni nos preguntan", lamenta, si bien ve "positivas" las normas en materia de transparencia. De momento, confía en que el incumplimiento inicial no tenga consecuencias. A este respecto, Nerea Vadillo señala que las medidas coercitivas no se acaban de concretar en la ley nacional. En la aragonesa sí se detallan algo más. Es una de las once normas autonómicas aprobadas y, según esta experta, "la más completa y evolucionada". Entró en vigor en junio y será de aplicación obligaria a partir del 10 de enero. La DGA trabaja contra el reloj para cumplir los plazos.