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Aragón

Lambán mantiene a Arrufat en su cargo pese a seguir imputado por el caso del Jamón

El delegado de la DGA en Teruel se niega a dimitir, pero asegura que no será "una rémora". El juez investiga si las ayudas a la D. O. cuando presidía la DPT pudieron ser "clientelismo".

Antonio Arrufat llega a los juzgados de Teruel a primera hora de la mañana de ayer.
Antonio Arrufat llega a los juzgados de Teruel a primera hora de la mañana de ayer. jorge escudero
jorge escudero

El delegado territorial del Ejecutivo autonómico en Teruel, el socialista Antonio Arrufat, seguirá en su puesto, al menos de momento, pese a seguir imputado por el caso de las supuestas irregularidades en la gestión del consejo regulador de la Denominación de Origen del Jamón de Teruel. La DGA guardó silencio y el presidente de Aragón, Javier Lambán, que hoy explicará su posición sobre este asunto, hizo caso omiso a las presiones de Podemos y se negó a destituir a Arrufat tras declarar ayer por presunta malversación y prevaricación. Pese a que el juez le mantiene su imputación, el cargo socialista rechazó dimitir.

Tras haber declarado ante el juez durante casi tres horas, el que fuera presidente de la DPT en el periodo que investiga el Juzgado de Instrucción número tres de Teruel señaló sentirse "bien" y "satisfecho por haber podido colaborar con la Justicia en todas las preguntas que me han hecho". Arrufat aseguró haber "aclarado" al magistrado que los expedientes de concesión de ayudas al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jamón de Teruel en 2010 y 2011 se tramitaron "con todos los beneplácitos posibles", incluyendo los de los servicios técnicos y la aprobación del pleno.

Arrufat dijo "entender" la postura del juez instructor al no retirarle la imputación. Recordó que esta misma semana aún tiene que declarar como imputado el exdiputado aragonesista de la DPT Francisco Abril y comparecer en el Juzgado, para la práctica de una prueba pericial, el secretario de la Cámara de Cuentas de Aragón, Luis Rufas. "El juez tiene que escuchar a las otras dos personas citadas antes de adoptar ninguna decisión", manifestó.

El expresidente de la DPT explicó al juez que la Diputación Provincial tiene competencias para otorgar subvenciones al Jamón. Afirmó que, ante los reparos del servicio de Intervención a dichas ayudas al Jamón al no contar la DPT con un plan estratégico de subvenciones como marca la ley, optó por llevar a pleno la aprobación de las bases de la convocatoria, y ello "por indicación" de los interventores. Así, Arrufat negó haber incurrido en prevaricación o malversación de caudal público, los dos delitos que le imputa el juez. "Nunca fue una arbitrariedad ayudar al Jamón sino que hubo un tratamiento igualitario para todos los consejos reguladores", afirmó. Subrayó que las subvenciones se tramitaron de acuerdo a un proceso reglado y que se aprobaron "por unanimidad".

En relación a las peticiones de dimisión que hay sobre la mesa, el delegado territorial de la DGA en Teruel dijo que no es el momento. "Considero que hoy no tengo que dimitir. En un juicio, hablaríamos de otra cosa", zanjó. No obstante, afirmó que para dar cualquier paso contará con el Gobierno y con su partido. "No seré –continuó– una rémora para ningún tema, al revés, colaboraré con lo que fuere".

El interrogatorio se centró en averiguar si la falta de un plan estratégico de subvenciones y, hasta 2014, de una ordenanza pudo dar lugar a "clientelismo" o a una falta de control y transparencia sobre las ayudas concedidas por la DPT, cuando no una forma "arbitraria y caprichosa" de dar las ayudas, extremos que negó rotundamente el imputado.

El magistrado quiere saber por qué se concedieron las ayudas existiendo reparos de los interventores. Un informe de la Cámara de Cuentas indica que en 2011 el entonces presidente levantó 106 reparos y el pleno de la DPT, 4. Para el abogado de Arrufat, Miguel Ángel Lou, que no hubiera un plan de subvenciones "no es más que un problema adaptación de las administraciones a una norma". "Este señor –dijo sobre Arrufat– no ha tomado ni una decisión que contradiga informes o advertencias de ilegalidad".

Sin embargo, la falta de un plan de subvenciones es puesta de relieve por la Cámara de Cuentas en un informe de fiscalización de la DPT en 2011. Este organismo censura, además, a la Diputación por excederse en la concesión de subvenciones de forma directa en lugar de acudir a la concurrencia competitiva. Lou destacó que, en cuanto tuvo conocimiento la DPT de la orden ministerial acerca de la necesidad de un plan de subvenciones, intentó subsanar esta carencia.

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