Primer juicio penal por presunta malversación en las obras de Plaza
Cuatro acusados se enfrentan desde mañana a penas de 12 a 15 años de cárcel por desviar supuestamente 17,8 millones.
La Fiscalía y las acusaciones particulares ejercidas por la sociedad pública Plaza, el Gobierno aragonés y Unión Progreso y Democracia (UPyD) piden para ellos penas de entre 12 y 15 años de prisión por delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad, estafa y administración desleal. Mantienen que los cuatro imputados concibieron un plan para desviar fondos públicos por un importe de entre 15,2 y 17,8 millones de euros (dependiendo de la valoración que hace cada acusación) aprovechando un contrato con Codesport para construir 119 naves en una parcela de la plataforma.
El encargo estaba presupuestado inicialmente en 14.525.267 euros, pero Plaza acabó pagando 32.329.270. Según el Ministerio Público, los ahora acusados son los responsables de este desmesurado e injustificado sobrecoste, ya que se pusieron de acuerdo para introducir modificados que estaban prohibidos en el contrato, facturaron por obras fantasmas y giraron recibos por partida doble.
Durante la instrucción del caso, al fiscal le llamó la atención que la elaboración de los pliegos de cláusulas del contrato fuera llevada a cabo por la empresa de Agapito Iglesias"con mucha antelación" a ser aprobados por Plaza. Esta circunstancia era conocida tanto por Becerril como Pérez Cervantes y, según el Ministerio Público, estos modificaron las valoraciones de las ofertas presentadas al concurso y elevaron de 55,8 a 57,8 la otorgada a Codesport para que resultara adjudicataria.
Las acusaciones coinciden en que los desfases se registraron"desde la primera" certificación ordinaria de las obras. Pero el coste se disparó aún más con las cuatro facturas emitidas por Iglesias al terminar los trabajos en 2008. Los pagarés a favor de Codesport ascendieron a 8,7 millones y llevaban la firma de los imputados Becerril y Esco. La Fiscalía dice que estas cuatro facturas no pasaron por el consejo de Plaza a pesar de que este se reunió al día siguiente de su emisión y la cantidad era más que considerable para ser presentadas a los consejeros.
Por su parte, los respectivos abogados defensores de los cuatro acusados Juan Monclús (Esco) Carmen Cifuentes (Pérez), Miguel Ángel Alemán (Iglesias) y José María Gimeno del Busto y José María Pabán (García Becerril) solicitan la absolución de sus clientes pues alegan que el precio y los cambios están más que justificados. Alegan que una cosa es que se llegara a pagar más dinero por las obras y otra distinta es que esas cantidades se las repartiesen los imputados, algo de lo que, aseguran, no hay ni una sola prueba.