El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza comunicó ayer al exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco al exgerente de Plaza Ricardo García Becerril su imputación por delitos de malversación y cohecho en el conocido como caso Kartódromo, en el que se ventila el supuesto cobro de una comisión de 661.100 euros en la compra de unos terrenos que se incorporaron a la Plataforma Logística de Zaragoza. El empresario Santiago Becerril, que presuntamente pagó esa dádiva, está imputado por cohecho.

El juez José Ignacio Martínez los convocó, tal y como establece la ley del jurado, para trasladarles que aprecia que existen indicios de delito en la compra de los suelos y de que Plaza pagó por ellos un precio "muy superior" al de mercado, causando de esta manera un perjuicio a las arcas de la sociedad pública. Así lo denunció el pasado mes de marzo la Fiscalía Anticorrupción de Zaragoza, que mantiene que tanto el exgerente, Ricardo García Becerril, como el exviceconsejero de Obras Públicas Carlos Esco perjudicaron a Plaza al comprar los terrenos por 6,3 millones de euros –presuntamente, cuatro millones más de su precio real– y repartirse 661.110 en comisiones.

Santiago Becerril (que no tiene ningún parentesco con el exgerente) confesó a la Policía y ratificó después ante el juez que hizo tres pagos de 220.370 euros cada uno, en billetes de 500, a Ricardo García. Las entregas las llevó a cabo en la cafetería del hotel Reino de Aragón. Según declaró, en ningún momento dudó de que se trataba del pago de la comisión correspondiente por haber podido vender su terreno de una forma ventajosa. Dijo, además, que la mitad de ese dinero era para "ese señor de las barbas", en supuesta referencia a Carlos Esco.

Al contrario que las acusaciones, que solicitaron al juez que continúe el procedimiento contra los tres imputados por malversación y cohecho, el abogado de Esco, Juan Monclús, pidió el sobreseimiento del caso. A su juicio, no existe "ni la más mínima prueba" de que su cliente cobrase comisión alguna. "¿Qué clase de prueba es que un imputado diga que otro imputado se ha repartido un dinero con ese de las barbas?", se preguntó.

El letrado, además, negó que Carlos Esco tuviera la condición de funcionario público y que la empresa Plaza sea como tal una sociedad de carácter público, puesto que tiene el capital privado de dos cajas de ahorro, que suman el 36,36% de las acciones y, por lo tanto, las imputaciones por los mencionados delitos no se sostendrían. Por otro lado, resaltó que el acuerdo de la compra y el pago de los terrenos los acordó por unanimidad el consejo de administración de Plaza, en el que Esco actuó "como cualquier otro consejero".

Juan Monclús expuso al juez que en las fechas en las que dicen que se produjeron los supuestos pagos –entre 2004 y 2005– Ricardo García Becerril había acusado a Carlos Esco a través de un correo llamado "miserias" de distintas irregularidades y adjudicaciones ilegales desde su cargo como delegado de la plataforma logística. Esto probaría su enemistad, algo incompatible, dice, con el reparto entre ambos de una supuesta comisión. Ese ‘email’ forma parte de las actuaciones seguidas también en el Juzgado de Instrucción número 1 por el llamado caso Plaza –en el que hay 26 imputados– y el juez José Ignacio Esteban conoce su contenido. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía lo investigó y no logró probar ninguna de las irregularidades que el exgerente atribuyó a Carlos Esco.

Por su parte, los abogados de García Becerril, José María Gimeno del Busto y José María Pabán, pidieron también el sobreseimiento de esta causa. En la misma línea que Esco, insistieron en que todos los miembros del consejo de administración tuvieron "pleno conocimiento" de las actuaciones de su cliente para comprar el suelo del kartódromo. Además, todos cuestionaron el peritaje judicial del valor de los terrenos –cifrado en 2,3 millones cuando se pagaron 6,3 por ellos–, ya que en esta tasación no se incluye la compensación por el cese de la actividad del circuito del que vivían sus dueños ni las expectativas de negocio al estar situado junto al futuro centro comercial Plaza Imperial. Por esa razón, el letrado Juan Monclús ha solicitado que se practique una nueva prueba pericial sobre el valor de la finca.