El Gobierno de Aragón mantiene desde 1998 un privilegio salarial para los funcionarios que han ejercido de políticos o altos cargos, independientemente del partido al que hayan servido. Solo en la administración general y en el sistema aragonés de salud se benefician, al menos, 44 trabajadores públicos, que gracias a su carrera política, están cobrando el mismo complemento de destino que un director general, independientemente de la plaza que ocupan. 

Esto supone un sobrecoste anual superior a los 200.000 euros, aunque se duplicará con creces si otros 41 funcionarios que han dejado su acta como diputados autonómicos o altos cargos del Ejecutivo PP-PAR, se acogen a su derecho a cobrar este extra. Al menos tres de ellos ya lo están percibiendo tras reincorporarse a su puesto.

La ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de 1998 incorporó por primera vez la «modificación del régimen del personal funcionario» que reconocía el privilegio salarial a los funcionarios de la DGA que hubieran ejercido desde 1982 como consejeros, delegados territoriales de Huesca y Teruel o de directores generales y asimilados «durante más de dos años continuados o tres con interrupción». Todos ellos perciben desde entonces el complemento de destino que le corresponde por su puesto en la Administración, «incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo a la cuantía que la Ley de Presupuestos fije anualmente para los directores generales».

Esta prebenda implica en la actualidad una inyección mensual en las nóminas para 44 funcionarios, sin contar con los de Educación, que oscila entre 180 y 800 euros. Semejante diferencia se explica por su pertenencia a una u otra categoría: figura desde una auxiliar administrativa (la principal beneficiaria, que le corresponde un complemento de destino inferior a 400 euros y que gracias a cobrar el de director general percibe 1.148) hasta altos funcionarios (con el máximo nivel de la Administración, el 30, el incremento se queda en unos 180 euros al mes).

La concesión económica a expolíticos, implantada por Felipe González para los ex altos cargos del Estado en 1991, se consolidó y extendió tras aprobarse el Estatuto Básico del Empleado Público en 2007. Desde ese momento, los sucesivos gobiernos ya no estaban obligados a mantenerla anualmente por la vía de la ley de acompañamiento a los presupuestos. Además, amplió los derechos a los funcionarios que hubieran ejercido de presidentes de diputaciones, parlamentarios nacionales y autonómicos y de alcaldes «retribuidos y con dedicación exclusiva».

Ninguno de los partidos de izquierdas que sostienen al Gobierno de Lambán han planteado la supresión de este privilegio salarial y limitan las actuaciones en función pública a poner coto a los puestos de libre designación. Es más, a petición de Podemos, los socialistas aceptaron dentro de su decálogo que «un porcentaje de los altos cargos sean provenientes de la propia función pública aragonesa» con el argumento de que supondría un ahorro.CC. OO. reclama la supresión

Sin embargo, el secretario general de Comisiones Obreras en la DGA, Francisco González, está decidido a reclamar al Ejecutivo socialista de Javier Lambán que acabe con el privilegio salarial de los funcionarios que han pasado por la política, tal y como hicieron los gobiernos de Castilla-La Mancha y de Asturias en la pasada legislatura. «Es injustificable que se cobre más por el mero hecho de haber sido político o alto cargo. Sale más a cuenta que se elija a profesionales de la calle, porque escoger a un funcionario sale por un ojo de la cara a la larga», añadió.

Antonio González puso como ejemplo a una joven funcionaria que se acaba de estrenar como diputada autonómica: «Solo por permanecer una legislatura en las Cortes, cobrará hasta su jubilación al volver a la Administración un total de 225.000 euros más de lo que correspondería por su actual categoría».