La ciudadanía parece haber mitigado su ansia de queja. El Procurador del Común recibió a lo largo del año pasado el menor número de peticiones de intercesión de la última década formuladas desde la provincia de Soria. Fueron 55, una cuarentena menos que el ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 95, aunque el techo de reclamaciones de territorio soriano se dio en 2012, con 96 peticiones elevadas ante el organismo. Solamente en el año 2005 se había registrado un descenso similar, cuando las quejas formuladas descendieron a 56, mientras que el ejercicio anterior habían llegado a 91.

La tónica en el conjunto de la Comunidad fue similar, donde se acumularon 2.052, que suponen 1.248 menos que en 2013. El Procurador del Común justificó el descenso de las demandas, en torno a un 37%, en que ha habido menos individuales y más colectivas, a diferencia del año anterior, que tiene que ver con la motivación de la queja, como pudo ser el cierre de las urgencias nocturnas rurales en el informe anterior.

De acuerdo al informe del Alto Comisionado de las Cortes de Castilla y León, Fomento (principalmente urbanismo y vivienda, especificaron las fuentes oficiales), concentró el mayor número de demandas. Concretamente 13 de las 55, lo que supone casi un cuarto de la cifra global (el 24%). Le siguieron las relacionadas con Medio Ambiente, 9 (el 16%). Función Pública y el bloque de Industria, Comercio, Empleo y Seguridad Social acumularon cada uno ocho quejas (el 15%).

También compartió cifra Régimen Jurídico, Bienes y Servicios Municipales con Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud, con cinco peticiones cada sector (el 9%). Con tres (el 5%) se quedó Cultura, Turismo y Deportes y con dos peticiones Sanidad y Consumo (el 4%). Finalmente, Justicia y Hacienda tuvieron una queja cada una (el 2%).

El 80% de las demandas formuladas fue de personas individuales, 44 de las que 29 las realizaron hombres y una quincena mujeres. Le siguieron las elevadas por varios firmantes, con una decena y solamente un colectivo formalizó una petición a lo largo del año pasado.Actuaciones de oficio

En relación a las actuaciones de oficio, el informe recuerda que en el año 2013 se había acordado el inicio de una con la que se pretendía conocer el grado de implantación, tal como prevé el art. 26 de la Ley del Ruido de Castilla y León, de los limitadores-controladores y del sistema de telecontrol de la contaminación acústica que generan los establecimientos de ocio ubicados en los municipios de más de 20.000 habitantes. Se destaca, que el Ayuntamiento de Soria ya había adaptado sus ordenanzas municipales a la normativa.

En el documento también se hace referencia a las actuaciones de oficio realizadas por quejas en relación con asignaturas de Secundaria y Bachillerato impartidas a distancia o de forma semipresencial en algunos puntos de la provincia, como en los casos de los IES de Covaleda, Arcos de Jalón, Ágreda, El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz, en la provincia de Soria.

El Procurador resolvió: "Aunque, a la vista de los datos proporcionados por la Consejería de Educación, la aplicación de las ratios de alumnos a la hora de autorizar materias de ESO y Bachillerato se ajusta a los debidos criterios de racionalidad, considerando, entre otros, el de la igualdad de oportunidades que debe garantizarse en el ámbito rural, no cabe minusvalorar el número de alumnos afectados por la inexistencia de oferta de ciertas materias, a los efectos de proporcionales las alternativas adecuadas y, en particular, la modalidad de enseñanza a distancia o semipresencial, para lo cual se requiere de una dotación material y personal adecuada, así como la corrección de cuantas disfunciones se hayan observado en los inicios de su implantación". La resolución fue aceptada.