El proceso judicial por la tragedia de Biescas sigue abierto en Europa 19 años después
El Tribunal de Estrasburgo ha ido rechazando los recursos presentados, pero todavía quedan dos por resolver.
La mayoría de las familias de los fallecidos fueron indemnizadas en 2005, pero algunos afectados que no se personaron en el proceso abierto en la Audiencia Nacional siguieron batallando para que el Ministerio de Medio Ambiente les compensara. El Gobierno de Aragón, también responsable patrimonial, sí lo hizo.
Agotada la vía judicial en España, el caso sigue pendiente de los recursos de dos familias que todavía debe fallar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El abogado oscense Ricardo Orús alberga pocas esperanzas, ya que la instancia de Estrasburgo ha ido rechazando en cascada todas las demandas desde el año 2012 con una escueta resolución en la que dice que "no cumplen con los requisitos" del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales regulador del funcionamiento del tribunal.
Él y la letrada navarra Elena Melero promovieron el proceso judicial ante el tribunal europeo en nombre de 13 familias de Zaragoza, Valencia, Barcelona, Navarra y una inglesa. "Hay pocas perspectivas de resolución positiva dados los antecedentes. El tribunal tiene una decisión ya tomada y no va a cambiar de opinión", señaló Orús. "Piensan que la decisión de los tribunales españoles fue acertada y que no se vulneró el derecho a un juicio justo, pero no fue así porque el Gobierno de Aragón estuvo de acuerdo en pagar y el Ministerio, amparándose en la prescripción de la reclamación, dijo que no", declaró. En su opinión, "esto genera un trato desigual y una discriminación legal que no tiene encaje en el derecho a un juicio justo. Por ello se debería haber condenado a España".
La tragedia que segó la vida de 87 personas era "previsible y evitable", según determinó la Audiencia Nacional, ya que el campin nunca debió obtener los permisos para estar allí. Pero la sentencia, que condenó a pagar 11 millones de euros a las dos administraciones, solo estableció indemnizaciones por 63, las familias que se personaron en la causa. El resto, justificando desconocer que había un proceso en marcha tras el archivo de la causa penal, planteó luego una demanda que solo atendió el Gobierno de Aragón, pagando su parte (81.335 euros por víctima).
"Ya poco queda por hacer", indicó resignado el abogado. "En cuanto se resuelvan los dos recursos pendientes hay que tirar la toalla definitivamente", añadió resignado Ricardo Orús, recordando que se luchó mucho porque se reconociera el error de la administración y se compensara a los afectados. Se logró con la mayoría, pero él critica que "se haya tratado mal a aquellos a los que no se informó del fin del proceso penal (y por lo tanto no se sumaron a la reclamación patrimonial). Es una injusticia".
