El Gobierno de Rudi se ha llevado un varapalo legal después de haber abandonado el Pignatelli. Y las consecuencias la pagarán todos los turolenses, que sufrirán ahora el enésimo retraso en la construcción del hospital en el Planizar como consecuencia de la anulación del nuevo concurso que se convocó hace tan solo cuatro meses. En una contundente resolución, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tacpa) declaró ayer nulo todo el procedimiento por ser "manifiestamente ilegal" el pliego de condiciones.

Los miembros del Tacpa han dado la razón a la Confederación Nacional de Construcción, que presentó hace un mes un recurso al considerar que el pliego no se ajustaba a a la Ley de Contratos Públicos. Concretamente, rechazaban la cláusula referente a las modificaciones contractuales, en la que la DGA establecía que aquellas que supusieran un incremento del presupuesto de ejecución material inferior al 10% deberán ejecutarse por la empresa adjudicataria "a coste cero".

El Tribunal de Contratos señala que dicha exigencia es "manifiestamente ilegal y que, per se, vicia de nulidad de pleno derecho a todo el pliego". Así, explica que es ilegal que un licitador asuma el coste de una modificación contractual "porque se rompe con el principio esencial de equivalencia del contrato, sin que se pueda encajar en los parámetros del riesgo empresarial".

Por si hubiera alguna duda, añade que la "honesta equivalencia de prestaciones" entre lo que el contratista da (la ejecución de la obra) y lo que recibe a cambio (el coste) se "quiebra" con la cláusula de la impugnación. "En todo contrato público debe garantizarse, durante su ejecución, el respeto de las reglas de retribución, como un deber del poder adjudicador concedente y un derecho del contratista", explica.

Además, los miembros del Tacpa, presidido por el catedrático de Derecho Administrativo y uno de los mayores especialistas en contratación pública, José María Gimeno, subrayan que esta cláusula del pliego es también "manifiestamente contraria al principios de eficiencia, de fundamento constitucional".

Así, el acuerdo del tribunal, que es vinculante y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, explicita que la obra del hospital se encarecería por culpa de esta cláusula, ya que "conduce" a que las empresas interesadas repercutieran ese posible gasto en sus oferta. "Y no de haber modificaciones se estaría retribuyendo de forma manifiestamente ineficiente", apostilla antes de advertir del riesgo que supondría para la correcta ejecución del hospital que algún licitador ocultara o amparara ofertas "anormales o desproporcionadas".

El Tribunal de Contratos aún va más allá y pone de relieve que varios de los supuestos de modificación del pliego son también contrarios a Derecho. La explicación es muy sencilla: "La mayoría de las circunstancias previstas de modificación, por su vaguedad e imprecisión, rompen las exigencias de cómo debe regularse en un pliego las posibles incidencias y supuestos de modificación contractual".

La realidad es que casi cinco años después de que comenzara el expediente de contratación del hospital, los vecinos de Teruel verán como todos los trámites empiezan de nuevo de cero por tercera vez. Ni con voluntad política por parte del nuevo Ejecutivo PSOE-CHA y sus dos consejeros turolenses se podrá iniciar las obras antes de finalizar el año, ya que ahora habrá que preparar de nuevo el pliego de condiciones y lanzar todo el procedimiento administrativo. En el mejor de los casos, habrá empresa adjudicataria en el próximo invierno.

El último plazo de ejecución de las obras se recortó a 46 meses, por lo que ni siquiera se podrán estrenar las instalaciones en la presente legislatura y será el próximo presidente quien corte la cinta inaugural a finales de 2019. El nuevo consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, tendría que recortar de nuevos los plazos, algo improbable porque están más que ajustados, o la adjudicataria ofertarlo como mejora para llegar al final del mandato con el hospital en servicio.

El Gobierno PP-PAR intentó ganar tiempo la pasada primavera al desgajar del contrato el movimiento de tierras, cuyos trabajos comenzaron en marzo, justo antes de la campaña electoral, Con antelación, a principios de año, tuvo que rescindir el contrato firmado con Acciona por las divergencias irreconciliables que mantenían desde 2014. La constructora exigía 1,2 millones al no haber logrado participar en la modificación del proyecto, una petición que desde el Servicio Aragonés de Salud se remarcó que no se ajustaba a derecho.