El incendio de Santa Fe genera polémica sobre la normativa de las residencias

El incendio de la residencia Santa Fe, en el que han muerto ocho personas, ha puesto el foco en la normativa de residencias de mayores en Aragón. A este centro se le había retirado el permiso provisional de apertura de 1997 por "deficiencias de mantenimiento e higiénicosanitarias", según ha informado este lunes la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA, María Victoria Broto.

La DGA ha asegurado que van a estudiar el caso de esta residencia y la normativa sociosanitaria del sector. Las residencias de mayores están reguladas por el decreto autónomico 111 / 1992 de 26 de mayo que regula las condiciones mínimas que han de tener los servicios y establecimientos sociales especializados (con algunas revisiones posteriores).

"La normativa ya es correcta y exigente en cuanto a personal, prevención de incendios, higiene, etc. Otra cosa es si las inspecciones funcionan", asegura el responsable de una residencia pública. "Las ratios actuales garantizan calidad. Se podría mejorar la ratio, pero supondría aumentar los costes para las familias o para la Administración, en el caso de las plazas públicas y concertadas", añade este experto del sector.

"La normativa es más que apropiada. Cuando ocurre una desgracia, se tiende a cuestionar todo. Las residencias estamos muy inspeccionadas y debe ser así", asegura Paquita Morata, gerente de ARADE (Asociación Aragonesa por la Dependencia), que engloba a 52 centros privados, entre los que no está el de Santa Fe.

Sin embargo, Pablo Asín, director del sindicato CSI-F, recuerda que al comienzo de la anterior legislatura se tuvo que realizar un concierto entre el IASS y la Dirección General de Salud Pública para que hubiera más inspecciones. "Hace 5 o 6 años solo había unos 4 inspectores del IASS, por eso fue necesario contar con este colectivo que pudo evaluar las condiciones higiénico sanitarias", especifica.

Por su parte, Pilar Acero, directora de la residencia concertada 'Las Mimosas', asegura que el personal de la DGA es muy estricto en cuanto al cumplimiento de la normativa en las revisiones, "que son llevadas a cabo por grandes profesionales". "Si hay algo que falla, te lo apuntan y te dan un tiempo para subsanarlo", explica Acero. 

Por ello, considera que el problema no reside en las inspecciones que se realizan sino en las que no se llevan a cabo. "El Gobierno de Aragón es consciente de que hay muchas residencias que no cumplen la normativa, algunas las han cerrado, pero otras continúan funcionando desde hace años", recalca. 

Juan Urdániz, secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO. Aragón, señala que esta laxitud en cuanto a la aplicación de la normativa se debe a un problema económico. "Si cierras todas las residencias que tienen algún tipo de deficiencia, ¿dónde metes a todas las personas que había allí?", pregunta. Ante esta situación, cree que la mejor solución es se dote de más recursos la Ley de Dependencia para poder costear unas residencias en condiciones. 

La ratio, según el decreto de mínimos de 1992, es de 0,25 trabajadores por cada interno válido, 0,30 si es una residencia mixta (la mayoría de los centros lo son) y 0,35 para asistidos. No se especifica la cualificación laboral que deben tener. La normativa es muy diferente según las comunidades autónomas, tanto en la ratio, como en las condiciones urbanísticas o los requisitos de apertura, según recoge el portal especializado inforesidencias.com.

No obstante, desde este año, todas las residencias, excepto las puramente privadas, tienen la obligación de que sus trabajadores tengan como mínimo el título de gerocultor. Según la normativa de 1992, estos centros asistenciales no están obligadas a tener un enfermero ni un médico en nómina. 

Una residencia pequeña y con precios bajos

En la residencia de Santa Fe, para válidos y asistidos, había el sábado por la noche 19 internos y una cuidadora. Desde ARADE subrayan que por la noche debe haber 1 cuidador para cada 35 personas, más otro localizable.

Esta residencia ofrece un total de 26 plazas, repartidas en dos habitaciones individuales, dos triples y nueve dobles. Las tarifas son de 900 euros más IVA (la triple), 1.000 (la doble) y 1.100 la triple. Disponen de asistencia médica y trabajadora social, gimnasia, terapia ocupacional, peluquería, lavandería y excursiones, según anuncian en su página web.

"Los precios de las residencias varían mucho, en función de si son válidos o asistidos, del grado de dependencia, de los servicios que ofrece el centro, de la ubicación. Las residencias rurales suelen ser más económicas. El precio medio puede rondar los 1.400 o 1.500 euros. En zonas rurales puede costar unos 1.000 o 1.100 euros al mes. Y la ciudad hay algunas de 2.000 euros", apunta la gerente de ARADE.

Según los datos del INE del último Censo de Población y Viviendas, en Aragón hay cerca de 250 centros geriátricos censados, en los que viven unas 13.000 personas.