La residencia de ancianos Santa Fe de Zaragoza, en la que murieron ocho personas, tenía retirado desde 2012 el informe favorable condicionado de apertura por no subsanar unas deficiencias de mantenimiento e higiénico sanitarias y además operaba de forma alegal, ya que no tenía licencia de actividad.

Las deficiencias de mantenimiento e higiénico sanitarias en esta residencia, que lleva funcionando 17 años, se detectaron tras inspecciones realizadas en 2006 y 2011, según ha dicho este lunes en rueda de prensa en Zaragoza la consejera de Ciudadanía del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto.

Según Broto, cuando se detectaron las deficiencias se concedió un año para subsanar las irregularidades y cuando acabó el plazo se ofreció un mes más de tiempo para presentar la documentación.

También ha informado de que en 2014 se abrió un expediente sancionador al mismo centro.

Broto se ha reunido este lunes con el consejero de Sanidad de Aragón, Sebastián Celaya, para analizar la situación tras el incendio del sábado, que produjo heridas a doce personas, todas ellas dadas ya de alta, a excepción de una que sigue en la UCI en el Hospital Miguel Servet.

La consejera ha incidido no obstante en que habrá que estudiar de forma más pausada y "con prudencia y tranquilidad" cuál es la situación de este centro y "ver las razones" del expediente, que es "largo", y del que este lunes se ha hecho un primer análisis rápido debido a la tragedia.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, la concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, ha explicado que en 1998 se le denegó la licencia de apertura, actividad y de obras a la residencia, porque se requerían 10.000 metros cuadrados de superficie que no se tenían y porque era suelo no urbanizable.

Por lo tanto, "ha estado realizando una actividad alegal, lo que se puede denominar una actividad prohibida", ha explicado.

Tampoco existe un informe del servicio de salvamento y extinción de incendios de Zaragoza porque al ser alegal "no existe la residencia", ha afirmado la edil.

Por su parte, un portavoz de la residencia, que no ha querido que trascienda su nombre, ha defendido que "todo está en regla" en la residencia como prueban los conciertos de plazas en 2015 con el Gobierno de Aragón.

Sí ha admitido que no tenía licencia de actividad, expedida por el Ayuntamiento de Zaragoza, pero lo ha atribuido a un "mero trámite administrativo".

Mientras la investigación administrativa sigue adelante, desde la Guardia Civil se han recabado muestras para esclarecer el origen del incendio, las cuales determinarán si imputar o no a una anciana de 62 años, sospechosa de haber incendiado un colchón en una habitación que estaba vacía.

Esta mujer está ahora bajo observación psiquiátrica por su enfermedad anterior, según ha dicho este lunes el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sebastián Celaya.

Según adelantó este lunes el HERALDO, esta mujer se hizo supuestamente con un mechero, subió a la primera planta y prendió el colchón. Después bajó y dijo que había fuego en la residencia.

De hecho, según este medio de comunicación, la hija de la directora de la residencia había llamado al hijo de la presunta autora, al que conocía, para decirle: "Tienes que venir, tu madre ha quemado la residencia".

Nueve de los ancianos, que han recibido el alta, han sido trasladados a una residencia de Alfamén, cuyo gerente Manuel Fernández, ha explicado que "han llegado estables y tranquilos". "Vienen desorientados y algunos creen que estamos en un hotel", ha añadido.

Por su parte, Carmen G., una de las heridas, ha explicado que salvó la vida de "milagro", porque se quedó un rato viendo la televisión.

Asegura que su compañera de habitación ha fallecido, al igual que las dos de la habitación contigua, y otro hombre que estaba en su misma planta -la de arriba- de donde sí pudo ser rescatado un quinto anciano.