Afectados por el accidente aéreo de Villastar acuden al Constitucional
Familiares de las víctimas del helicóptero siniestrado en 2011 quieren impedir que se archive la investigación.
Tras más de cuatro años de trámites judiciales, el caso ha sido archivado por la Audiencia Provincial de Teruel, que atiende a la solicitud de la Fiscalía. La causa ya fue sobreseída en 2013 al estimar la Justicia turolense que los hechos investigados no son constitutivos de una infracción penal por tratarse de un accidente imprevisible. Sin embargo, en diciembre de 2014, el juez instructor reabrió la investigación argumentando, en base a un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), que la pieza que falló en el helicóptero provocando el mortal accidente un servoactuador cuya función es facilitar la maniobrabilidad de la aeronave estaba sujeta a una revisión que no se realizó. El magistrado dirigió entonces la causa contra los fabricantes de la aeronave y de la pieza que se estropeó.
El pasado 30 de junio, la Audiencia desestimó un recurso presentado por las familias en el que pedían anular las actuaciones realizadas con posterioridad a la petición de archivo de la Fiscalía, al haberse realizado esta en un momento inadecuado procesalmente. Los afectados sostienen, además, que no se les dio traslado de la postura del Ministerio Público, por lo que no pudieron oponerse a ella, generándose una situación de indefensión.
Las familias sostienen que el siniestro fue fruto "de una negligencia que tiene que ser investigada y tener una explicación y una consecuencia". "Tenemos el derecho a saber el porqué de este error, y por ello acudiremos al Tribunal Constitucional", explican en una nota hecha pública ayer.
En el comunicado, rescatan un párrafo del segundo y definitivo informe de la CIAIAC en el que se dice: "Se considera que el accidente sobrevino por un desajuste progresivo de una pieza del servoactuador, motivado por un inadecuado blocaje de sus componentes, como consecuencia de la no cumplimentación del boletín de servicio ABS 407-05-70".
La abogada que defiende a una de las familias, Sagrario Valero, mostró su confianza en que el Tribunal Constitucional escuche el argumento de los afectados y obligue a la Audiencia de Teruel a anular el archivo. "Ha habido una vulneración de la tutela judicial efectiva y una situación de indefensión", aseguró Valero.
