Al menos 25 de los 80 pisos que la Sareb (conocida popularmente como 'banco malo') cedió a Aragón el pasado mes de febrero estaban ocupados por familias y particulares en el momento de la firma del acuerdo, según han relatado a Heraldo.es a lo largo de los últimos días dos empleados públicos y la plataforma Stop Desahucios y han confirmado en última instancia fuentes del departamento de Obras Públicas y Vivienda del Ejecutivo autonómico (aunque sin precisar el número de inmuebles ocupados).

Del paquete de viviendas que la sociedad pública se comprometió a transferir a la Comunidad para que las incluyese en su cupo de alquiler social, 63 se encuentran en la capital y el resto se reparten entre localidades como Huesca, Teruel, Utebo, Calatayud, Jaca, Fraga, Monzón o Cuarte de Huerva. En estos momentos -casi cinco meses después de la foto oficial- se están empezando a oficilizar los primeros alquileres en pisos de Zaragoza, Utebo y Cuarte de Huerva.

La dirección general de Vivienda se afana ahora por regularizar la situación de las familias que ocupaban los pisos de manera ilegal. Fuentes oficiales apuntan que "es cierto que había algunas viviendas que tenían personas instaladas, pero el objetivo del Gobierno de Aragón no es echarlas, sino facilitarles un alquiler social. El objetivo de la DGA nunca será echar a esa gente de sus casas, sino que entendemos que estas personas también tienen una necesidad habitacional que desde luego va a ser atendida". El alquiler social que pone en marcha el Gobierno aragonés oscila entre los 75 y los 180 euros mensuales, si bien en ningun caso se puede superar el 40% de los ingresos netos de la unidad familiar.

Los inmuebles que la Sareb cedió a la DGA proceden en su inmensa mayoría de lanzamientos hipotecarios y tienen cierta antigüedad. Stop Desahucios tutelaba el caso de varias de las familias que ocupaban estas viviendas y critica que muchos de los domicilios presentaban en el momento de la cesión "notables desperfectos y carencias".

Según señalan desde la Sareb, "nosotros cedemos esos pisos a la Comunidad, y el Gobierno sabe en qué circunstancias están. Aquellos que están vacíos, nos encargamos de adecentarlos y entregarlos en condiciones de habitabilidad. En el caso de los que están ocupados es la DGA la que tiene que encartarse de regularizar a esos inquilinos, bien mediante alquiler social o con la fórmula que estimen oportuna. Obviamente, no podemos entrar en las viviendas que están ocupadas y esas no se pueden arreglar".

Raquel de la Riva, una de las portavoces del colectivo, asegura que "al proceder de desahucios, algunas de las casas tenían las instalaciones arrancadas, sobre todo en espacios como la cocina". De la Riva pone como ejemplo que "una de estas familias, una pareja con dos niños pequeños instalada en La Almozara, tuvo que encargarse de montar las tuberías".

La DGA corre con los gastos de reparación

El acuerdo alcanzado entre el banco malo y la DGA estipula que la Sareb cede en usufructo, durante un periodo de cuatro años, el citado parque de viviendas. A cambio recibe una contraprestacion a un precio fijo mensual para sufragar los gastos de seguro y de comunidad, del IBI y otras tasas y tributos vinculados a la propiedad de las viviendas, así como los gastos que genere el acondicionamiento de la vivienda para su habitabilidad.

La propia Sareb fue la encargada de seleccionar las viviendas entregadas, que según se explicó en el acto de firma del convenio se encuentran "en los municipios de la Comunidad con mayor demanda".

De forma paralela, la DGA se responsabiliza del certificado de eficiencia energética en los casos en que el piso no lo tenga, de los gastos de mantenimiento ordinario de la vivienda y de las reparaciones ordinarias y asistencia técnica al arrendatario, entre otros aspectos.

El Ejecutivo aragonés también se hace cargo de los procesos de adjudicación de las viviendas y de la gestión de los contratos de arrendamiento, así como de hacer efectivo su cobro. Para hacer frente a estos los desembolsos, el Ejecutivo autonómico ha destinado 760.000 euros para el período de vigencia del convenio, que vence en 2018.

Acuerdos con entidades sociales

Para acelerar la gestión de la red de pisos sociales, la Dirección General de Vivienda firma convenios con varias organizaciones. El pasado viernes se publicó en el Boletín Oficial de Aragón los nuevos acuerdos por los próximos cuatro años con la fundación Federico Ozanam y la asociación Kairós. En enero, más de 3.000 familias estaban en lista de espera en la bolsa de vivienda social, según denunciaba la plataforma Stop Desahucios.