Para qué comprar un coche con el que viajar este verano, un apartamento al que ir la playa o, directamente, una casa para vivir? Es más, ¿para qué hacer los recados o para qué contar con los servicios de un asesor fiscal?, ¿para qué, en fin, ‘tener’ si se puede ‘usar’? El tirón de las empresas de economía colaborativa –los ejemplos anteriores son una muestra real– comenzó a ganar adeptos en turismo y ocio. Pero ya se extiende al resto de actividades empresariales donde es difícil no encontrar algún proyecto de intercambio comercial. Cada vez más empresarios encaminan sus negocios hacia este modelo, conscientes de que sus futuros beneficios pasan por esta economía alternativa.

Se calcula que las iniciativas colaborativas pueden generar en la próxima década 300.000 millones en todo el mundo, según el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Serían tres veces más de lo que producen ahora. En España hay en marcha unos 500 proyectos. Son muy pocos frente a los más de tres millones de empresas del país. Pero es tal el impacto que están provocando que hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está a punto de culminar un informe en el que marcará las líneas a seguir para desarrollar empresas sociales en el marco de una economía de mercado como la actual.

El problema al que se enfrentan los países de medio mundo es el de integrar estas iniciativas, muchas veces acordadas entre dos particulares, a sus sistemas productivos. A saber: que paguen impuestos, que ofrezcan las garantías mínimas a los usuarios; que sean actividades reguladas y que aporten capital al PIB. Los taxistas han sido uno de los primeros colectivos en ponerse en pie de guerra contra Uber, la aplicación que facilita transporte en las ciudades. Aunque un juzgado de Madrid y otro de Barcelona había ordenado paralizar las actividades de esta compañía en España, ni siquiera los jueces saben cómo actuar: han trasladado al Tribunal de Justicia de la UE si la multinacional es una empresa de transportes o un proveedor de servicios informáticos. En el primer caso, necesitaría licencia. En el segundo, podría trabajar en toda la UE sin más regulación que la comunitaria.

Juan Merodio, experto en ‘web 2.0’, advierte que "por mucho que ciertos monopolios se empeñen en cambiar leyes, no se podrá poner freno a esta realidad imparable". Coincide con José Ignacio Ortega, profesor de la Universidad de Deusto, en recomendar que estas empresas no sean vistas como un problema porque "generarán riqueza". Sin embargo, Jesús Fernández, vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, aclara que "no se puede acceder de mala manera a un sector y después querer cambiar la ley". Y sostiene que "al igual que los taxis, todas deben cumplir la ley".

Tampoco están contentos los propietarios de hoteles con compañías como Airbnb, dedicada al intercambio de casas. El director general de la firma, Arnaldo Muñoz, aclara que ellos están dispuestos "a colaborar en la creación de unas leyes claras y justas". Y recuerda que este fenómeno ya está legislado en lugares tan cercanos como París, Londres o Amsterdam. "Nostros introducimos una oferta complementaria a la tradicional, ya que satisface distintos perfiles de viajeros, haciéndola más rica y plural", afirma.

Sin embargo, los hoteleros piden que estas viviendas compartidas cumplan unos requisitos mínimos; y que las empresas que ejerzan de intermediarios sean las que garanticen la legalidad de esos inmuebles utilizados para comerciar. Esto es, que el negocio florezca frente a Hacienda. Albert Cañigueral, analista de consumo colaborativo, recuerda que firmas como Ticketbis, dedicada a la reventa de entradas, "ya intentan encajarse en el mercado". Para este experto "habrá que alcanzar un término medio porque todas estas plataformas quieren y necesitan integrarse en la economía".

Lo mismo ocurre con los impuestos que, por ahora, muchas de ellas no pagan. "Se está buscando una integración tributaria de la economía colaborativa en el ámbito de la Unión Europea", explica Cañigueral. En este sentido también se pronuncia Joan Fontrodona, profesor del Iese: "Los colectivos afectados y los nuevos tendrán que adaptarse a un mercado legal que haga que se armonicen sus intereses". Pero anticipa que "el entorno normativo actual no será el mismo que hasta ahora, cambiará". Incluso el PSOE ha propuesto la creación de una subcomisión en el Congreso para el análisis de este fenómeno. "Habrá que dar respuestas a los retos que plantean como los derechos laborales, las garantías para los consumidores, la pérdida de empleo o la reducción de la economía sumergida", indica la portavoz de innovación del partido, María González Veracruz.

Pero mientras el Boletín Oficial del Estado recoge esta novedosa realidad, los ciudadanos van por delante de lo que pueda dictar la ley. Internet puso la infraestructura para desarrollar este tipo de negocios; las nuevas generaciones, el ímpetu por utilizarlos en su vida diaria; y la crisis ha hecho el resto para que el intercambio de bienes y servicios se haya expandido como la pólvora.

La cuestión es económica pero también social: ¿tener o compartir? De toda la vida, varios compañeros se han turnado en sus vehículos a la hora de acudir al trabajo. "Ahora prima más el uso frente a la propiedad", apunta José Ignacio Ortega. Quienes nacieron en los 70 y los 80 "se aplican este paradigma del cambio continuo de profesión, competidor o incluso de residencia", indica. Es decir, de usar cuando se necesite, como en el caso de BlaBlaCar, hasta la próxima ocasión.

Este cambio de concepto económico se entiende porque, por ejemplo, "antes el coche era un estatus y ahora solo se usa cuando se necesita", explica Jordi Vinaixa, profesor de Esade. "El ciudadano tiene más capacidad de decisión y de adaptación" a lo que le ofrece el mercado. Para Joan Fontrodona, el auge del modelo colaborativo se debe a "una mayor sensibilidad del ciudadano por la sostenibilidad, a la confianza que genera Internet y a la posibilidad de adentrarse en una iniciativa sin acudir a los negocios clásicos".

La necesidad de ahorrar ante la la merma de los ingresos "ha acelerado" los negocios participativos, indica Jordi Vinaixa. "Esta recesión ha ofrecido al consumidor más capacidad para decidir lo que quiere", afirma. Y reconoce que "el precio es una variable muy importante", pero también que "lo que se da ahora es una acomodación de los presupuestos personales". Es decir, se puede apostar por un viaje en coche compartido y dedicarlo en el destino a otros servicios a los que antes no accedía si utilizaba el avión o el tren.