La rescisión del contrato de obras del hospital de Teruel acabará en los tribunales

La resolución del contrato de obras del nuevo hospital de Teruel terminará en los tribunales, convirtiéndose en el enésimo conflicto legal del Gobierno PP-PAR. La empresa adjudicataria, Acciona, está decidida a exigir el cobro de la indemnización que prevé la ley y que le reconoce el propio Consejo Consultivo de Aragón, ya que el Ejecutivo autonómico rechaza pagar. La Consejería de Sanidad tan solo está dispuesta a abonar por daños y perjuicios los 1.748 euros desembolsados por gastos de publicación de anuncios, pero no los 1,2 millones exigidos por la empresa en función del 2% del importe de la obra, tal y como reconoce la Ley de Contratos.

Fuentes oficiales de la DGA aseguraron que, pese a que su intención inicial era acatar el dictamen del Consejo Consultivo, defenderán ahora su postura de no pagar a Acciona hasta el final. "Tenemos un compromiso de que nadie cobre un solo euro del erario sin haberlo merecido o trabajado, por lo que defenderemos los recursos públicos de todos los aragoneses ante todas aquellas instancias donde sea necesario", sentenciaron.

Contra el criterio del órgano asesor, tampoco reconoce el abono del casi millón de euros que desembolsó Acciona al Ayuntamiento de Teruel para obtener la licencia de obras con el argumento de que "el hecho imponible de esta no queda afectado por la realización o no de la obra".

Como adelantó este diario, el Consejo Consultivo es tajante a la hora de rechazar todos los argumentos esgrimidos por la DGA para resolver el contrato y da la razón a la contratista, que el pasado mes de octubre ya solicitó la rescisión argumentando el retraso en el replanteo de las obras (la Administración tenía un mes y no se ha hecho transcurridos tres años). Es más, el Consejo Consultivo concluye que está en "desacuerdo" con la propuesta de resolución de la DGA, que se justificó en la "renuncia expresa" de la empresa "por falta de conformidad con la adecuación del proyecto".

El órgano asesor puso en evidencia que no tenía "ningún sentido" defender la renuncia expresa de la constructora dado los antecedentes. Así, señala que Acciona no ha manifestado en ningún momento que no quiera ejecutar el contrato, recuerda que hasta 16 meses después de adjudicarse no se formaliza la dirección de obra y que ni siquiera la DGA inició los trámites de rescisión tras solicitarlo la empresa en octubre de 2014.

Desde la Consejería de Sanidad reiteraron ayer que todo el retraso se debió a la necesidad de modificar el proyecto para reforzar la sismorresistencia del futuro complejo y volvieron a responsabilizar al anterior equipo. De nuevo, les acusó de "obviar y ocultar la existencia de las fallas, siguiendo adelante con el proyecto como si no pasara nada", hasta el punto de hablar de "irresponsabilidad". Y reiteraron que Acciona estuvo en todo momento informada y estuvo de acuerdo en modificar por ello las fechas de ejecución de las obras.

Los trabajos previos, en breve

Las citadas fuentes de la DGA señalaron que la rescisión definitiva del contrato se podría aprobar mañana en el Consejo de Gobierno, para lo que aún debe dar su visto bueno Intervención. De ser así, Sanidad confía en que en los próximos días puedan comenzar los trabajos previos, pactados con la sociedad estatal Tragsa y cuyo importe ascenderá a 2,6 millones. De forma paralela, se volverá a licitar la construcción del complejo, por lo que se empalmarían en un plazo algo superior a cuatro meses.